Por Redacción
El gobierno libertario profundizó su avance sobre el sistema institucional con una medida que habilita a la Policía Federal Argentina a realizar detenciones sin orden judicial y a monitorear redes sociales sin autorización previa. Lo hizo a través del Decreto 383/2025, firmado por Javier Milei y publicado este martes en el Boletín Oficial, que deroga el Estatuto de la PFA y lanza un proceso de “modernización” policial bajo control del Ministerio de Seguridad.
Entre los cambios figura la posibilidad de arrestar personas ante la mera sospecha de que hayan cometido o estén por cometer un delito. La norma autoriza a la fuerza a realizar vigilancia virtual de manera preventiva, sin requerir intervención judicial ni control previo. Ambas disposiciones fueron cuestionadas por organizaciones defensoras de derechos civiles, que advirtieron sobre un posible quebranto de garantías constitucionales.
El Ejecutivo definió que la Policía Federal abandonará definitivamente su rol en tareas de seguridad urbana, en especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, para concentrarse en delitos federales complejos como narcotráfico, trata de personas, ciberdelitos y crimen organizado. Para ello, se crearán unidades específicas con mayor presencia en territorios como Rosario, donde se instalarán nuevos centros de monitoreo.
La ministra Patricia Bullrich asumirá mayores atribuciones a partir del nuevo marco normativo. Tendrá la potestad de convocar personal retirado, suspender retiros obligatorios de altos mandos y rediseñar los escalafones de la fuerza. A la vez, el Gobierno anunció un nuevo sistema de ascensos y auditorías internas, con supuestos incentivos “meritocráticos”, que buscarán disciplinar a la fuerza bajo una lógica de control centralizado.
“La transformación busca una fuerza ágil, inteligente y profesional”, afirmó Bullrich, y agregó que el modelo se alinea con los estándares del FBI. El anuncio oficial será encabezado esta tarde por el presidente Milei a las 15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, bajo el lema “Hacia una PFA moderna y orientada a la investigación”. Participarán también el jefe de la fuerza, comisario general Luis Alejandro Rolle, legisladores oficialistas y autoridades del Ministerio de Seguridad.
El decreto prevé la creación de un programa presupuestario especial para la “modernización de la Policía Federal Argentina”, que será financiado parcialmente mediante una reducción progresiva del ingreso de nuevos suboficiales. En paralelo, se anunció la incorporación de tecnologías forenses, sistemas de información y un programa de formación para profesionales universitarios.
El Gobierno decidió llevar adelante esta profunda reforma sin pasar por el Congreso, a través de un decreto que reemplaza la normativa vigente desde 1958. De este modo, consolidó un esquema que concentra aún más poder en el Ejecutivo, lo que implica el debilitamiento de los controles republicanos sobre el accionar policial. Lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, la medida refuerza el sesgo autoritario del modelo impulsado por Milei.
