Por Redacción
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos confirmó que llevará adelante una presentación judicial para la derogación del “protocolo para el mantenimiento del orden público” anunciado en las últimas horas, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En tal sentido, el organismo afirmó que “el mismo es una remake recargada del que presentó al mes de asumir el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri, y que nunca fue utilizado por ser manifiestamente ilegal”.
La APDH, expresó su rechazo a la “norma difundida porque la misma contraría totalmente nuestro ordenamiento jurídico y abre las puertas a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales encargadas de implementarlo reprimiendo a quienes participen de marchas y movilizaciones callejeras”.
“Al contrario de lo que estipula el mencionado “Protocolo”, el Estado, en todos sus estamentos, debe garantizar el respeto a los derechos a disentir y a reclamar. La fuerza pública debe utilizarse para que no se impida el ejercicio de esos derechos, jamás para reprimirlo”, aseguró la entidad de Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, sostuvo que “la protesta social pacífica, en sus diferentes expresiones -movilizaciones, reuniones y también cortes de rutas y calles-, es parte de una expresión democrática porque la democracia, en sociedades diversas y desiguales como la nuestra, no reposa en los acuerdos sociales sino en los desacuerdos. La democracia es la posibilidad de convivir aún en el desacuerdo”.
En esa línea remarcó que “la libertad de expresión y los derechos que de ella se derivan son los que están más cerca del nervio democrático de la Constitución Nacional, y por ende los que todo gobierno debe defender con mayor energía y compromiso”.
Por último, la APDH subrayó: “Siendo inconstitucional el “Protocolo” anunciado y rotundamente antidemocrática la actitud de la funcionaria responsable de su sanción, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos rechaza la deplorable decisión gubernamental, anuncia que postulará su derogación por vía judicial y reafirma su compromiso en defensa de las libertades y los derechos fundamentales que la norma pretende cercenar”.
15/12/2023
