*Por Guadi Calvo
A medida que se fue conociendo el contenido del tan mentado “Proyecto de Ley de Finanzas” del gobierno de Kenia, presentado a fines de mayo y votado por la Asamblea Nacional el 20 de junio por 204 de los 349 miembros, y ya acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien mantiene una deuda cercana a los 80 mil millones de dólares, a mediados de junio, miles de kenianos, llamados por el movimiento Occupy Parliament, salieron a manifestarse en contra del proyecto en las calles de Nairobi, la capital keniata. Protestas que rápidamente se extendieron a las principales ciudades del país.
Si bien pacíficas en su comienzo, la inercia del gobierno del presidente William Ruto, ningún improvisado, ya que fue vice del presidente Uhuru Kenyatta (2013-2022), hizo que a partir del día 25 las protestas fueran tomando un carácter más intenso, derivando a lo largo de varias jornadas en disturbios cada vez más violentos, que incluyeron saqueos, incendios, robos e incluso, tras quebrar las vallas policiales, la invasión del edificio del Parlamento, al que intentaron incendiar, por lo que los legisladores debieron refugiarse en los sótanos del edificio. La muchedumbre pasó a vandalizar oficinas, donde robaron diferentes elementos, incluso una importante partida de gas pimienta. También sufrió daños el cuartel general de Ruto, especialmente en Eldoret, en la provincia del Valle del Rift.
La respuesta de la siempre brutal policía keniata, que justamente por esos días había enviado a Haití una dotación cercana a los 400 efectivos para intentar controlar el desmadre generalizado en esa nación caribeña (ver: Haití: Los Tonton Macoutes están de vuelta), fue encarnizada, lo que provocó cerca de cuarenta muertos, la mayoría por balas de plomo, y además cientos de detenidos, incluso muchos de ellos por policías de civil y parapoliciales, lo que equivale a un secuestro.
En la represión se usó una cantidad desmedida de gas pimienta y lacrimógeno, según informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, mientras que desde diferentes sectores ya se pide la dimisión de todo el gobierno, que llegó al poder tras una muy peleada elección en agosto de 2022, en la que por fin un candidato “hijo de un don nadie”, como se le ha dicho, pudo vencer a las dos grandes familias políticas del país, los Kenyatta y los Odiga, que han tenido prácticamente secuestrada la política desde la independencia en 1963.
Los pagos de la deuda con el FMI, anualmente, ocupan el 65 por ciento de los ingresos. El nuevo paquete económico, que ya fue retirado por el presidente Ruto, apuntaba a mayor recaudación para el ejercicio 2024-2025, para lo cual se incrementaba un aumento del IVA del 16 por ciento para el pan y el aceite de cocina, además de la incorporación de un “impuesto ecológico” a productos nocivos para el medio ambiente, lo que elevaba drásticamente el precio de artículos como compresas, pañales, envases, plásticos y neumáticos. Mientras tanto, el aumento en los alimentos desde 2022 ha ido en constante crecimiento.
Según el gobierno: “las medidas eran esenciales para financiar el gasto público”, a pesar de que agravaban todavía más la ya bombardeada economía de los más de 54 millones de kenianos. Tras la magnitud de las manifestaciones y el asalto al Parlamento, Ruto denunció que las protestas “habían sido secuestradas por criminales” y prometió una ronda de conversaciones con las diferentes entidades que habían participado en las calientes jornadas de fines de junio.
Envalentonados, los manifestantes ahora también exigen una amplia reforma del gobierno que afecte los sueldos de funcionarios y parlamentarios, denunciados por mantener un alto nivel de vida mientras la extrema austeridad gubernamental lleva a millones de kenianos a vivir en la pobreza extrema. Esta situación ha provocado una drástica desaceleración en las tasas de crecimiento de la población, que desde la independencia en 1963 ha pasado de nueve millones a casi cincuenta y cinco millones de habitantes en la actualidad.
A pesar de la represión y de que el gobierno dio marcha atrás con el paquete económico anunciando la reducción de gastos en los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, la congelación de contrataciones y la disminución de sueldos de altos funcionarios, lo cual representó una victoria inesperada para las manifestaciones, las protestas continuaron el 27 de junio y el 2 de julio.
Las calles nuevamente se inundaron de manifestantes con un plan de lucha que se extenderá hasta el día siete, para lo cual se convoca una “vigilia nacional” en honor de los muertos por la policía, un acto para el que se espera la participación de millones de personas. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad han reducido el nivel de represión, evitando más muertes.
Una de las fuerzas de oposición más importantes del país, el Partido de Coalición Azimio la Umoja–One Kenya, en su resolución para la unidad encabezada por el histórico líder opositor Raila Odinga, acusó a Ruto de haber “desatado su fuerza bruta” contra los manifestantes y llamó a la policía a “cesar los disparos contra inocentes, pacíficos y desarmados”.
Washington como resguardo
Ya antes de estas protestas, Ruto venía perdiendo apoyo en la población, especialmente entre los sectores más jóvenes conocidos como la Generación Z, que le otorgaron la victoria en 2022 bajo el lema “Nación hustler: los trabajadores comunes”. Según analistas locales, la reciente represión ha acelerado esta caída.
En vista de esta situación, Estados Unidos, que considera a Kenia uno de sus aliados más fieles en el continente africano, había recibido en Washington al presidente Ruto en mayo pasado, durante una gira oficial, siendo la primera visita de un jefe de Estado africano desde 2008. Esto refleja la importancia estratégica que Estados Unidos otorga a Kenia en el contexto continental, especialmente en un momento en el que la presencia estadounidense, al igual que la francesa, genera cada vez más controversia en muchos países africanos.
Kenia se ha convertido así en un elemento clave para las políticas del Departamento de Estado en su intento de manejar esta crisis y evitar que derive en un desbarranco político o incluso en un golpe de Estado, especialmente considerando la creciente influencia de potencias rivales como Rusia, China e Irán en el continente.
Es en este contexto que Washington ha designado formalmente a Kenia como un importante aliado no perteneciente a la OTAN, anticipándose al papel que el Pentágono espera que jueguen las fuerzas armadas keniatas en una cooperación cada vez más estrecha en materia de seguridad.
Por su parte, la Unión Europea (UE) concedió a Kenia un apoyo de veinte millones de euros para aplicar en el sector de la seguridad. Kenia, puente entre el Cuerno de África y el África Subsahariana, se encuentra en su frontera norte bajo el fuego intermitente de la khatiba somalí al-Shabaab, que en reiteradas oportunidades ha atacado dentro del país e incluso perpetró grandes atentados en el corazón de Nairobi.
La siempre inestable Etiopía, que no acaba de sacudirse la guerra civil 2020-2022; una cada vez más empobrecida Sudán del Sur, consternada por la guerra civil de Sudán; junto a las cada vez más permeables crisis de seguridad de Tanzania y Uganda, naciones contaminadas e involucradas en la tragedia infinita de la República Democrática del Congo (RDC), adelantan que un nuevo episodio de violencia social, como los que acaba de sufrir, puede convertir a Kenia en un nuevo factor de inestabilidad que afecta prácticamente todo el continente africano.
*Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.
4/7/2024
