Por Redacción
Comunidades originarias, organizaciones sociales y sindicales, que continuaban con las protestas en distintos puntos estratégicos de Jujuy denunciaron que fueron reprimidas por la policía del Gobernador Gerardo Morales durante la madrugada del sábado. El punto más álgido del operativo represivo se evidenció en la localidad de Purmamarca. Allí los manifestantes denunciaron que las fuerzas de seguridad se llevaron a dos personas: Jesús David Flores de la Comunidad de Coquena, Purmamarca y Desiderio Olmos de Collamboy.
En las últimas horas, las manifestaciones se multiplicaron. A la protesta de las y los docentes, se sumó el rechazo a la reforma de la Constitucional, aprobada parcialmente por Gerardo Morales de espaldas al conjunto de la comunidad. La misma no solo criminaliza la protesta social, sino que también vulnera los derechos laborales y avanza sobre tierras que pertenecen a comunidades originarias.
El epicentro de la violencia política ejercida por la gobernación de Jujuy que responde a la estructura de Juntos por el Cambio, fue el norte de la provincia sobre la Ruta Nacional N° 9. Allí, las y los manifestantes denunciaron que la fuera policial avanzó sobre las personas de manera brutal con el objetivo de desalojar a la multitud.
“Es impresionante como está avanzando Infantería, golpea y golpea y la gente resiste, se queda en la ruta”, denunciaban en ese momento las organizaciones en lucha. Al mismo tiempo, señalaban: “Nos quedamos para que se sienta el reclamo en toda la provincia y el país, no podemos permitir el atropello de las autoridades del Gobierno contra el pueblo”.
Mientras tanto, el espectro político nacional repudió de manera generalizada el acto antidemocrático de Morales. En es plano, la Ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Kelly Olmos, adelantó que “el Ministerio emitió un documento para que el Gobierno de Jujuy revise la legislación sobre derechos laborales institucionales, que buscan llevar al nivel penal lo que son derechos laborales absolutamente institucionalizados en la Argentina”.
Del mismo modo, expresó que dio directivas “para presentar la inconstitucionalidad de los artículos de esta reforma de la Constitución. El derecho a la protesta y de huelga son derechos laborales instituidos por nuestra Constitución y también está la adopción de acuerdos internacionales que tienen jerarquía constitucional”.
Al mismo tiempo ratificó que “por eso no solo elaboramos el documento estableciendo claramente cuál era la posición de nuestro Gobierno, sino que di la directiva de que se analice qué fue incorporado específicamente en la Constitución y nos vamos a presentar pidiendo la inconstitucionalidad de esos artículos”.
Por otro lado el Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió que “el gobierno de Jujuy aprobó una reforma constitucional que apela a la “paz social” para limitar el derecho a la protesta. El texto menciona estándares internacionales de derechos humanos”, sin embargo esto quedan “en letra muerta: Ya que prevé que se sancione una ley para limitar las manifestaciones y deja abierta la puerta para que el gobierno y la policía decidan quiénes pueden y quiénes no pueden protestar”.
Fuentes consultadas por AGN Prensa adelantaron que en los próximos días el conflicto puede tomar dimensión nacional dado que los docentes jujeños le propondrán a la CTERA la convocatoria a un paro nacional docente con movilizaciones en todo el país. A esta jornada de lucha se plegaría en principio la UTEP, así como la CTA Autónoma. Por otro lado, las comunidades originarias aseguraron su participación en la jornada, al mismo tiempo que planifican una gran movilización popular desde Jujuy a la Ciudad de Buenos Aires.
Fotografía de tapa: Télam
17/6/2023
