*Por Guadi Calvo
Hemos tratado de informar y seguir, casi hasta el aburrimiento, las operaciones que el Primer Ministro indio, Narendra Modi, lleva a cabo, desde su llegada al cargo en 2014, contra la comunidad musulmana de su país, la que representa, “nada más” que unos 220 millones de creyentes. Cifra que convierte a la Unión India en el tercer país del mundo con población musulmana, después de Pakistán (240 millones) e Indonesia (236 millones).
Aunque es prácticamente imposible seguir las acciones islamófobas del actual jefe del gobierno indio, incluso desde antes de llegar a su actual cargo, cuando en 2001 se convierte en el Ministro Jefe (gobernador) del Estado de Gujarat, iniciando su mandato con una matanza de más de dos mil musulmanes, de lo que, a veintidós años de sucedida, todavía nadie ha pagado por nada.
En uno y otro cargo se repitieron, sin disimulo y a la vista del mundo, persecuciones, matanzas, secuestros, torturas, violaciones, desapariciones, linchamientos, ejecuciones ilegales, ataques a mezquitas y madrassas, manipulación mediática, cercenamientos de derechos constitucionales.
Siguen en rigor leyes de censura a la prensa; con graves penas a los medios y periodistas que las inflijan, desplazamientos forzosos, saqueos y destrucción de viviendas y comercios, aplicando la ley del bulldozer a barrios y localidades enteras habitadas por esa minoría religiosa, particularmente en los estados de Uttar Pradesh, Delhi, Gujarat y Madhya Pradesh y Jammu Cachemira.
En vista de lo que actualmente sucede en lo que queda de Palestina, donde casi como en un espejo, se ha repetido exactamente lo mismo que en India, habría que estar atento a cuál pueda ser la próxima fase del régimen de Modi.
Teniendo en cuenta, además, la inédita sociedad que desde 2017 y al amparo y aliento del entonces presidente norteamericano Donald Trump, se estableció entre Nueva Delhi y Tel-Aviv, que además de mutuas visitas de Estado entre ambos premieres, nunca antes realizadas, se establecieron multimillonarios acuerdos comerciales entre Benjamín Netanyahu y Modi, muy particularmente, en el área de la industria armamentística.
Modi no solo alienta acciones directas a manera frecuente por parte de los grupos de choque vinculados a su partido el Bharatiya Janata Party o BJP (Partido Popular Indio), y otras como el Sangh Parivar (familia de organizaciones), el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS u Organización Nacional de Voluntarios), el Vishva Hindu Parishad (VHP, Consejo Mundial Hindú) y la Bajrang Dal (Brigada de Bajrangbali) (Ver: India la ultraderecha lo carcome todo), convertidas en verdaderas bandas neonazis, que operan como paramilitares libres de cualquier control policial para actuar contra la comunidad islámica.
En concordancia a estas acciones, que buscan el exterminio y la expulsión de los musulmanes indios, se han implementado leyes, por vía de sus mayorías parlamentarias, que intentan acorralarlos cada vez más. Como la Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA) de 2019, que el lunes once de este mes fue implementada después de haberla congelado tras las protestas que dejaron cientos de muertos en Nueva Delhi. Con dicha norma, se intenta dejar sin nacionalidad a miles de ciudadanos indios de origen islámico.
La CAA solo aplica para inmigrantes ilegales llegados desde Afganistán, Bangladesh y Pakistán hasta 2014, escapando de persecución religiosa. La ley solo se aplica a hindúes, sijs, budistas, jainistas, parsis y cristianos, dejando por fuera claramente a los musulmanes.
La ley trae aparejada otra intención más oscura: A lo largo de la historia india, la pobreza extrema y el analfabetismo han sido dos flagelos legendarios, y más allá de los avances que ha tenido el país durante estas últimas décadas, continúan existiendo sectores amplios que no han sido tocados por esos cambios. Particularmente en áreas alejadas donde la ausencia y la corrupción del estado son una constante.
Existen generaciones enteras de indios que jamás han obtenido documentación alguna, entre ellos muchos musulmanes, dada la conversión de muchos dalits o intocables cansados de la discriminación que sufren por el sistema de castas, que todavía sigue vigente. Por lo que, al carecer de documentos y pruebas para registrar la nacionalidad india, obviamente sin fecha de ingreso, hay que tener en cuenta que el islam ingresó a India de mano del Imperio Mughal, túrquico islámico que rigió el país desde el siglo XVI al XIX. Por lo que, al no poder acreditar ni su lugar de nacimiento ni su llegada al país, le permitirá a las autoridades a expulsar a todos aquellos no “registrados”.
Es bien conocido que la aspiración de Modi es convertir a su país en un estado nacionalista-religioso bajo el concepto de la Hindutva o principio de la hinduidad, más allá de que sigue la nación constitucionalmente continúa siendo norma que no está lejos de ser cambiada. Teniendo en cuenta que todo indica que en las elecciones generales que se realizarán entre abril y mayo, Modi, según las encuestas, será elegido para un tercer mandato, y contará con el absoluto control de parlamento para reformar la constitución.
El largo sueño
El pasado siete de marzo, el primer ministro, Narendra Modi, volvió a visitar la ciudad de Srinagar, la capital de verano de Jammu-Cachemira, en el marco de la campaña electoral para las próximas elecciones. Obligado por la circunstancia de que nunca su partido, el BJP, ha conseguido un escaño en Srinagar, al tiempo de intentar conseguir avances en la región del Himalaya, que también le ha sido muy esquiva a lo largo de su carrera.
Modi ha llegado a Cachemira por primera vez desde 2019, cuando tras su fortalecimiento por la victoria electoral de ese año, decidió revocar el “Artículo 370”, que durante setenta años otorgó autonomía al Estado de Jammu-Cachemira, de absoluta mayoría musulmana, lo que le permitió dictarse su propia constitución, la que daba protección jurídica, propiedad de la tierra y defensa de su cultura y religión.
La revocación, cuya excusa ha sido por “motivos de seguridad” y con el fin de “alinear a la región a las políticas nacionales”, le ha permitido al gobierno federal dividir en territorio, poniéndolas bajo su control y modificar los distritos electorales.
Para apoyar estas medidas, un largo sueño de la ultraderecha india, Modi envió más de medio millón de efectivos policiales, implementando un sistema represivo que lo asemejaba a la ocupación de un país enemigo: encarceló a todos los políticos y dirigentes sociales. El interventor enviado por Modi en 2018, tras una ola de grandes protestas, disolvió el parlamento estadual, que recién será restablecido según la decisión del Tribunal Supremo, tras las elecciones que se celebrarán “algún día” de septiembre.
Además, el Estado de Jammu-Cachemira durante más de un año y medio tuvo cortado el servicio de internet. Las operaciones de Modi continuaron tras la derogación del 370, con el fin de modificar la ecuación demográfica-religiosa de la región. Nueva Delhi impulsó a miles de familias hindúes a instalarse en Cachemira, dándoles facilidades para la compra de tierras y propiedades en general, lo que estaba prohibido hasta su levantamiento del artículo. Se estima que con esta jugada, Modi sumó más de dos millones de votantes al BJP.
Desde la partición de 1947, la región de Cachemira se ha convertido en el punto más sensible de la larga frontera entre Pakistán e India, de cerca de tres mil kilómetros. Lo que ha llevado a las dos naciones, con poder nuclear, a tres guerras (1947, 1961 y 1971) centenares de choques de distinto calibre que también han sumado, a lo largo de la historia, miles de muertos. A principio de los años noventa, se comenzó a producir una importante actividad de la insurgencia separatista, la que presumiblemente cuenta con apoyo de Pakistán, lo que ha mantenido al Estado en constante inestabilidad.
Cachemira sigue siendo, y ahora más, una de las regiones más militarizadas del mundo, con puestos de control del ejército cada muy pocos kilómetros, ya no solo en la frontera con Pakistán, conocida como “Línea de Control” (LOC por sus siglas en inglés), sino también en todo el interior del Estado.
El periodismo sigue siendo una presencia molesta, por lo que aprobaron nuevas leyes para controlar su trabajo, censurando cualquier crítica y habiéndoles quitado sus móviles y tablets. Los periodistas, que padecen constantes ataques físicos y detenciones arbitrarias, tienen vedado su ingreso a “áreas calientes”, por lo que se desconoce qué está sucediendo en esas áreas. Aunque no es difícil imaginar que todo es contra el islam.
