*Por Redacción
El Secretario General del Sindicato de Camioneros Hugo Moyano denunció penalmente al Presidente Mauricio Macri por la falsificación “material e ideológica de expedientes judiciales mediante el tráfico de influencias y extorsión a personas privadas de liberta a fin de montar una campaña de desprestigio en su contra”.
“El denunciado, en la convicción de que el firmante era un estorbo para sus planes de flexibilización laboral y de endeudamiento público de nuestro país, ha ejecutado desde junio de 2016 hasta la fecha, valiéndose de fondos del Estado y de la activa colaboración de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, del Ministerio de Seguridad y de periodistas, un plan criminal destinado a lograr mi desprestigio público mediante reiteradas maniobras de falsificación material y/o ideológica de expedientes judiciales mediante tráfico de influencias, extorsión a personas privadas de libertad ordenando montar paralelamente políticas de confiscación del patrimonio de la Entidad Gremial que conduzco y el vaciamiento de la Obra Social”, expresa, puntualmente, la denuncia.
La denuncia se cimentó en las declaraciones del titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, amigo íntimo de Macri, quien el 5 de abril de este año ante La Comisión Bicameral de Control de las Actividades, reconoció “haber enviado dos agentes a hablar con el juez Luis Carzoglio, quien llevaba una causa contra Pablo Moyano. Paralelamente, confirmó que, entre otros, el policía Ricardo Bogoliuk y el ex espía Rolando Barreiro trabajaron para la AFI, personas procesadas y detenidas por orden del Juez Federal de Dolores”, tal como consta en el escrito presentado por el cuerpo legal que representa al dirigente sindical.
Desde su asunción, en diciembre del 2015, el gobierno neoliberal de Mauricio Macri inició una campaña violenta de desprestigio contra las organizaciones sindicales. Periodistas, agentes de la justicia y ahora espías son los ejes ejecutores de esta política anti sindical. Durante el mes de octubre de 2018 el Juez de Garantías, Luis Carzoglio desestimó el pedido del fiscal General Adjunto Sebastián Scalera, de detener a Pablo Moyano.
“Inmediatamente después, el magistrado denunció públicamente maniobras de aprietes, por parte de funcionarios de la AFI y de la Procuración General de la Corte, a cargo de Conte Grand. Según Carzoglio, los agentes de inteligencia le expresaron el interés presidencial en su despacho y luego se comunicaron en otras oportunidades con él vía whatsapp”, explicó Moyano en su denuncia.
Moyano explicó que el juez Carzolgio sostuvo que días previos a los “aprietes” de al AFI “hubo una campaña mediática de Majul, Feinmann y Lanata. Majul se preguntaba si yo me iba a animar a detener a Moyano y Lanata me calificó de impresentable. Después, en la tarde en la que yo emití la resolución mi familia recibió una amenaza de muerte”. En la denuncia se da cuenta de que según trascendidos el juez denunció el hecho en la UFI 4 de Lomas de Zamora.
“Métanlo preso como a los K, así se dejan de joder él y su familia”, la frase se le adjudica a Macri, nunca fueron desmentidas. Tales palabras fueron emitidas en uno de los acostumbrados retiros espirituales del Gabinete en Chapadmalal y figuran en el expediente que tramita el abogado patrocinador de Moyano en el Juzgado Federal (Nro. 18.599/19).
En su denuncia Moyano señaló que “Luis Miguel Majul, quizás el periodista que más millones mensuales recibe de los Estados Nacional, Provincial y de la CABA, está además emparentado con Conte Grand. Este hombre, fue la pieza propagandística de toda la operación ilegal. Amparado en esos apoyos, Scalera no tuvo empacho en confesar que la investigación contaba con el apoyo de la Gobernación bonaerense y de la Procuración General –en especial el del Procurador General- que hasta noviembre de 2016, fue Secretario de Legal y Técnica de la Gobernadora bonaerense. Luis Majul, fiel seguidor del Presidente denunciado fue uno de los más esforzados periodistas dedicado a mi linchamiento público”.
“En uno de sus programas, se dirigió a la audiencia nombrando detenidamente a los diferentes jueces que intervinieron en el expediente de referencia, a saber: Gabriel Vitale, Estela del Carmen Mollo, Luis Carzoglio, Jorge Lopez, Gustavo Gaig, Sebastian Monello y Laura Nini para denostarlos públicamente. Majul les dijo con absoluta falta de respeto y desparpajo: “Señores jueces pónganse lo que se tienen que poner…o van a estar siempre sospechados…y hagan lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer lo que les corresponde, trabajar para la gente, ni para Moyano ni para nadie, encima fue Duhalde un ex Vicepresidente, poniendo su investidura para proteger a Moyano, y lo llemé y le dije es una vergüenza”, subrayó el dirigente sindical perseguido por el gobierno neoliberal.
En su denuncia Moyano da cuenta del entramado armado para atacar a quienes se rebelan contra el gobierno. La situación institucional en Argentina es crítica, todos los ciudadanos somos vulnerables ante el quebranto de garantías mínimas. El uso de agentes de inteligencia par el armado de causas nos remite a las épocas más oscuras de la vida política del país, cuando la Dictadura Cívico-Militar operó con servicios paramilitares para perseguir y desaparecer actores políticos.
El macrismo pretenden actuar con impunidad social, política y judicial, para sostener un modelo de hambre que descarta a hombres y mujeres en una selección social puramente mercantilista. La precariedad institucional resulta funcional a Cambiemos. El espionaje ilegal, una práctica recurrente del Presidente y sus amigos funcionarios públicos, pone en jaque a la democracia y deja en un estado de inseguridad absoluta a todos los ciudadanos. Este Gobierno se ha jactado de incidir sobre el poder mediático, judicial y económico, sin ruborizarse.
“Es urgente que se investiguen de manera detallada y minuciosa todas y cada una de las conductas despóticas que minuciosamente puntualizo en el presente. Estoy aquí, en el ámbito de la Justicia Federal, instando se ponga fin a las prácticas delictivas denunciadas para que ese anhelado epílogo abra las puerta de un nuevo principio: La restauración plena de las garantías constitucionales”, es lo que reclamó Moyano en su denuncia.
