Por Redacción
El gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva desregulación en el sistema educativo al derogar el régimen que controlaba desde hace tres décadas los aranceles de los colegios privados. A partir del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, las instituciones podrán establecer por cuenta propia el valor de las matrículas y de las cuotas mensuales, sin intervención ni aprobación del Estado nacional.
La norma suprimió toda obligación de informar con anticipación los aumentos y eliminó los límites para aplicar incrementos durante el año. De esta forma, los colegios quedan habilitados para modificar sus tarifas cuantas veces lo consideren necesario, sin notificar previamente a las familias.
El agente liberal, Federico Sturzenegger que oficia como Ministro de Desregulación y Transformación del Estado justificó la decisión y sostuvo que «con esta derogación, se habilitan ajustes graduales y realistas, alineados con la evolución de la economía, sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos». Del mismo modo, agregó: «Esto permite estabilizar el gasto de las familias en educación, y favorece un entorno más libre, equilibrado y sustentable para estas instituciones que representan, como decíamos, cerca del 6% del total de establecimientos educativos del país (alrededor de 2.000)».
El decreto expuso que “al ser entidades privadas”, los colegios “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”. Por otra parte, la administración libertaria instruyó al Ministerio de Capital Humano a revisar el mecanismo de financiamiento para la educación de gestión privada.
Según el texto oficial, el sistema de subsidios vigente se estableció en un contexto donde la educación dependía del Gobierno nacional, pero la actual gestión argumentó que esa situación cambió desde la transferencia de competencias a las provincias. En la práctica, esta revisión podría trasladar a las provincias la responsabilidad total del financiamiento estatal de los colegios privados, una decisión que amenaza con profundizar la desigualdad educativa entre jurisdicciones.