Por Redacción
La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal reconoció el derecho a la alimentación para todas las personas que asisten a comedores y espacios comunitarios en todo el país. El juez Walter Lara Correa, al dictar una resolución sobre un amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y por el Centro de Estudios Legales y Sociales, afirmó que la continuidad de las políticas alimentarias no representa un “privilegio” para sus beneficiarios.
Asimismo, el magistrado argumentó que la política de asistencia alimentaria funciona como “una herramienta para el cumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación, a fin de que la Administración Pública Nación no incurra en responsabilidad internacional”.
Por otro lado, el juez Correar, destacó que el gobierno nacional debe mantener actualizado el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (Renacom) y actuar con urgencia respecto a las organizaciones que tienen convenios en trámite para acceder a prestaciones alimentarias. Subrayó que las respuestas estatales a las solicitudes de organizaciones sociales deben ser inclusivas y no discriminatorias, y exigió que se informe mensualmente sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas destinados a garantizar el derecho a la alimentación, tales como el “Plan Nacional Argentina Contra el Hambre” y el “Programa Alimentar Comunidad”.
La sentencia respaldó el reclamo del amparo, que sostiene que las políticas alimentarias implementadas a través de espacios comunitarios buscan mitigar desigualdades y proteger los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, se requiere que las mismas se mantengan y mejoren de manera progresiva, para evitar retrocesos.
El amparo colectivo presentado en febrero exigía que el Ministerio de Capital Humano garantizara el acceso a alimentos de calidad, en cantidad suficiente y adecuados para quienes utilizan estos servicios. La situación se agravó en diciembre de 2023, cuando, tras la llegada al poder de Javier Milei, los comedores y merenderos comunitarios dejaron de recibir alimentos.
Esto ocurrió en medio de una crisis económica creciente que aumentó la pobreza y generó largas filas en los comedores, afectando especialmente a mujeres, niños y personas mayores. En la presentación se sumaron la Fundación de la Isla Maciel, AJUS y Fundeps, junto con la defensora pública oficial federal, Florencia Plazas, quien intervino en representación de los niños y adolescentes que no pueden acceder a una alimentación adecuada debido a las decisiones del ministerio dirigido por Sandra Pettovello.
En julio, la justicia federal había ordenado al Ministerio de Capital Humano asegurar la continuidad de los programas alimentarios, dada la amenaza al derecho a la alimentación de amplios sectores sociales.
El CELS aseguró que “a diferencia de lo que sostiene el gobierno, las políticas de transferencia directa de ingresos a las personas no son suficientes para resolver la integralidad y multicausalidad de este problema, no mitigan los efectos del fuerte aumento de la pobreza y la desnutrición, ni alcanzan para rebatir los efectos del retiro del Estado en los servicios sociales y en el apoyo a las organizaciones territoriales”.
1/11/2024
