Por Redacción
El Gobierno nacional anunció formalmente este lunes la intervención de las sociedades del Estado Educ.Ar, Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos. La medida, se estableció mediante el decreto 117/2024 publicado en el Boletín Oficial, tendrá una duración inicial de un año, con la posibilidad de extenderse por única vez según lo decida la Jefatura de Gabinete.
El abogado Diego Martín Chaher fue designado como interventor de RTA y, de manera ad-honorem, asumió la responsabilidad en Télam, Contenidos Públicos y el portal Educ.Ar. Por su parte, Sebastián Marías fue nombrado interventor adjunto de Radio y Televisión Argentina y, también ad-honorem, de Télam, Contenidos Públicos y Educ.Ar.
Según lo estipulado en el decreto, tanto el interventor como el interventor adjunto tendrán conjuntamente las facultades conferidas por los respectivos estatutos de las empresas intervenidas al Directorio y su presidente. Entre las responsabilidades asignadas por la medida se encuentra la elaboración de un plan de reformulación y acción para las sociedades intervenidas, el cual deberá ser presentado al Poder Ejecutivo para su consideración. Asimismo, deberán evaluar y modificar el Estatuto para el personal, así como proponer cambios en el régimen de administración de fondos y en el Reglamento de contrataciones de obras, bienes y servicios.
Las nuevas autoridades estarán facultadas para modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete. También podrán revisar la administración de compras y contrataciones, realizar auditorías integrales sobre el estado de las instalaciones y bienes, y presentar la rendición de cuentas.
El decreto estableció que el interventor tendrá en forma exclusiva las facultades de representación de las sociedades intervenidas, mientras que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, estará a cargo de realizar los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para atender los requerimientos derivados de esta medida.
Asimismo, se faculta a la Jefatura de Gabinete o al organismo que esta dependencia de gobierno determine para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación del presente decreto. Esta intervención se enmarca en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, que declaró la emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2025. El objetivo que subyace detrás de la medida es la venta de los medios públicos.
5/2/2024
