Por Redacción
Javier Milei firmó este lunes los decretos 450 y 451/2025, con los que suprimió el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), y creó en su lugar un nuevo organismo unificado que concentrará el control de ambos servicios: el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. La medida profundiza el proceso de desregulación del sistema energético y se produce en medio de una grave crisis de abastecimiento, con miles de usuarios afectados por cortes de gas durante la última ola de frío.
Los decretos se dictaron en el marco de las facultades que le otorga la Ley 27.742. Desde el Gobierno justificaron la destrucción de los organismos de control al afirmar que se busca “fortalecer la competencia, liberalizar los contratos entre privados, asegurar inversiones y permitir a los usuarios elegir libremente su proveedor”.
Sin embargo, especialistas del sector advierten que esta desregulación no garantiza mayor eficiencia ni mejores tarifas, y que en realidad desmantela herramientas clave de control estatal sobre servicios esenciales. El nuevo organismo tendrá carácter autárquico y actuará con independencia funcional y presupuestaria, aunque su conducción quedará en manos de cinco directores designados por el Ejecutivo con aval parlamentario no vinculante. Esto significa que el Congreso podrá opinar, pero no tendrá poder para frenar ni modificar las decisiones del presidente.
La Secretaría de Energía será la encargada de coordinar el traspaso de funciones y recursos desde los entes disueltos hacia el nuevo regulador. El decreto fija un plazo de 180 días para completar ese proceso, durante el cual deberán garantizarse tanto la continuidad del servicio como la reubicación del personal y la transferencia del patrimonio estatal.
Al mismo tiempo, la norma modifica artículos centrales de las leyes 15.336 y 24.065, que regían hasta ahora el sistema eléctrico argentino, e impone nuevas obligaciones a las distribuidoras, como la compra de energía en el mercado a término y la publicación de tarifas ajustadas al costo real del servicio.
La eliminación del ENARGAS y del ENRE ocurre en un contexto particularmente crítico. La semana pasada, miles de usuarios en distintas provincias, incluida Mar del Plata, se quedaron sin acceso al Gas Natural Comprimido (GNC) por la falta de infraestructura que garantice la demanda durante las bajas temperaturas. La empresa Camuzzi confirmó que más de mil usuarios en esa ciudad bonaerense estuvieron sin servicio durante varias horas, y la medida alcanzó a centenares de localidades en todo el país.
La administración de Milei se vio obligada a priorizar el abastecimiento a hogares, escuelas y hospitales, lo que implicó cortar el suministro a estaciones de servicio. El episodio expuso la debilidad del sistema energético y la falta de inversión pública en infraestructura crítica, a la vez que cuestiona la eliminación de organismos que, aunque perfectibles, cumplían funciones fundamentales de supervisión, control técnico y resguardo de los derechos de los usuarios.
Lejos de fortalecer al Estado para enfrentar emergencias como la vivida recientemente, la decisión del Gobierno libertario concentra más poder en el Ejecutivo, reduce los mecanismos de control y deja a millones de usuarios a merced de un mercado sin regulaciones efectivas. Las consecuencias de este nuevo avance sobre el esquema energético ya empiezan a sentirse en la calle.
