Por Redacción
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, presentó un pedido formal a la Cámara de Senadores para que trate y rechace definitivamente el Decreto de Necesidad y Urgencia, que ordena la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La solicitud se produce luego de que Diputados aprobara la derogación del decreto en media sanción. El sindicato anunció que marchará al Senado el jueves 21 de agosto para insistir en su reclamo.
Aleñá cuestionó los fundamentos del decreto y sostuvo: “El DNU abunda en inexactitudes, datos falsos y apreciaciones subjetivas sin rigor ni fundamento técnico”. La sindicalista explicó que el informe del Ministerio de Transporte que lo respalda “carece de sustento fáctico, contiene datos falsos y refleja un profundo desconocimiento de la infraestructura vial del país”. Del mismo modo, aseguró que el decreto omite casi 50 funciones críticas que realiza la DNV, entre ellas el control de peso y dimensiones de los vehículos, la evaluación de pavimentos, el trabajo de cuadrillas, el mantenimiento, la señalización y la gestión de la red vial.
La titular del STVyARA llamó la atención sobre el estado de los caminos en Argentina tras la decisión libertaria: “El deterioro del estado de servicio de las rutas nacionales representa un serio riesgo para la seguridad vial ya que es causa de accidentes y muertes de personas”. Agregó que el cierre Vialidad “pone en riesgo la vida, el desarrollo de las economías regionales y la conectividad tanto entre las provincias como con el resto de los países integrantes del MERCOSUR”.
El sindicato adjuntó un informe en el que se afirma que el decreto amenaza la soberanía nacional al afectar la construcción de una “red federal segura, continua y eficiente” y perjudica el desarrollo económico al obstaculizar exportaciones, producción, abastecimiento y generación de empleo. Aleñá precisó que la estructura descentralizada de la DNV permite “una presencia inmediata en toda la red nacional asegurando su presencia ante eventos extraordinarios como ya lo ha demostrado en innumerables catástrofes”.
El STVyARA denunció que la retención de fondos del SISVIAL durante 2024 y 2025, junto con la desfinanciación presupuestaria, acelera el deterioro de las rutas, afectando la transitabilidad, la seguridad vial y las economías regionales. Aleñá concluyó: “Necesitamos proveer seguridad jurídica para la existencia de la DNV y tranquilidad a las 5200 familias que dependen de ella”.
