Por Redacción
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 ordenó supervisar la próxima manifestación frente al Congreso, prevista para el miércoles 19 de marzo. La medida, dictaminada por el juez Martín Cormick, apuntó a evaluar si el Protocolo Antipiquetes (Resolución 943/23) vulneró derechos constitucionales como la libertad de expresión, la integridad física y la protesta pacífica.
La resolución judicial surgió tras un reclamo de organizaciones civiles, que incluye a Amnistía Internacional Argentina, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes advirtieron sobre posibles repeticiones de la represión registrada el 12 de marzo. En aquella fecha, una movilización culminó con personas heridas y detenidas.
En su presentación, las organizaciones exigieron que se garantizara la protección de los derechos de los trabajadores de prensa y la libre difusión de la información durante las protestas. Asimismo, pidieron que el Juzgado ordene al Ministerio de Seguridad asegurar los derechos fundamentales de los manifestantes, como la vida, la salud y la libertad de expresión.
El juez Cormick subrayó que las acciones ocurridas en marzo “no están alineadas con los principios republicanos consagrados en la Constitución Nacional y las normas internacionales que conforman la ley suprema del país”.
El Protocolo Antipiquetes, promulgado en diciembre de 2023 por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece que cualquier manifestación que implique cortes de calles o rutas será considerada un delito flagrante, lo que habilita la intervención de las fuerzas de seguridad para dispersar o desalojar las protestas.
Asimismo, autoriza a las fuerzas a recolectar información sobre los manifestantes, lo que, según las organizaciones demandantes, se ha utilizado para estigmatizar y perseguir a los participantes de las protestas. Desde su implementación, el protocolo ha reducido el espacio cívico y las libertades fundamentales, advirtieron desde el CELS, destacaron que la normativa afecta directamente los derechos constitucionales y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
18/3/2025
