Por Redacción
El presidente Alberto Fernández anunció, el último miércoles, que el poder Ejecutivo avanzará en una demanda judicial para declarar nulos los decretos dictados en el 2018 por el gobierno de Mauricio Macri que ratificaron los acuerdos de renegociación con Autopistas del Sol S.A y del Grupo Concesionario del Oeste S.A y perjudicaron al Estado anclándolo a una deuda millonaria en perjuicio de los usuarios y en beneficio de la renta empresaria.
En Casa Rosada junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el mandatario nacional aseguró: “Tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador. Estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente”.
En esa línea, Fernández, ratificó que “estamos pidiéndole a la Justicia que anule estos contratos y que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado”.
El presidente reafirmó que “el mejor Estado es el Estado que no es tonto, es el que cuida el patrimonio de todos, es el que no da ventajas y permite que alguien gane mucho en desmedro de, en este caso, los usuarios de estas autopistas. Lo que vamos a reclamar es que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en el Estado argentino”.
A su turno, Katopodis, explicó: “Hemos identificado claramente que a lo largo de todo este proceso lo que existieron fueron funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas concesionarias, que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas”.
Al mismo tiempo, el funcionario, agregó que “en definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma”. En ese marco la Dirección Nacional de Vialidad, que depende de la cartera de Obras Públicas, presentará una acción de “lesividad para que se declaren nulos los decretos 607 y 608 firmados durante la gestión del expresidente Mauricio Macri”.
Estos acuerdos reconocieron y cancelaron una deuda por parte del Estado Nacional por U$S 813.143.839,52 para AUSOL y de U$S 272.621.570 para GCO. “En toda la documentación que motivó la suscripción y posterior aprobación de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual, presentada en su momento como imperiosa y urgente, no aparece acreditado que hubiese una posible sentencia condenatoria para el Estado argentino”, precisó el ministro.
Por último, remarcó “no tenemos ninguna duda de que ese fue un argumento para justificar y avanzar con un proceso que fue oscuro, absolutamente arbitrario y que genera un perjuicio patrimonial para todos los argentinos”.
Fuentes oficiales informaron que “el objetivo principal de esos acuerdos desvirtúa los contratos originales que surgieron de un procedimiento de licitación, cumpliendo con los principios de igualdad según la Ley 25.561 de 2002”.
“En los decretos firmados por el gobierno anterior también se les reconocieron a las concesionarias intereses capitalizables y beneficios respecto del pago de Impuesto a las Ganancias. Y se dolarizaron los Contratos de Concesión, en franca colisión con la pesificación dispuesta por la mencionada Ley de Emergencia”, subrayaron.
Durante este período se diseñó un mecanismo para impulsar la actualización tarifaria de manera semestral, el acuerdo además se contó con un cláusula de incremento automático si el índice CER superaba el 10 %. Del mismo modo se eliminó la prohibición que impedía que una misma persona jurídica fuera accionista del concesionario y otra empresa titular de Concesiones Viales.
Dichas fuentes aclararon que “el Gobierno Nacional fijó en febrero de este año una tarifa 20 veces menor que lo que establecía el acuerdo. De esta manera, mientras que hoy una auto paga en hora pico y de manera manual $80 en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez”, del Acceso Norte, según la solicitud de AUSOL pagaría $1.830, esto es, 2.200% más. En el caso del Acceso Oeste, un auto que hoy paga en hora pico y de forma manual $100, de acuerdo con la concesionaria pagaría $1.072, 1.000% más”.
Con tal acuerdo “las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos accesos. Pero, por el acuerdo de 2018, eso no cuenta para cancelar la deuda, lo que representa un ingreso adicional para las concesionarias”.
“Es importante destacar también que todas las obras ejecutadas en los accesos no se financian con la tarifa de peaje, sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos pasó a manos de ambas concesionarias. La tarifa pretendida en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios a las y los usuarios”, enfatizaron desde Dirección Nacional de Vialidad.
15/9/2022
