Por Redacción
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, presentó este miércoles a instancias del Presidente Alberto Fernández, una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se de curso a la investigación de los hechos vinculados al vuelo que jueces, empresarios de medios y funcionarios del gobierno de la ciudad realizaron a Lago Escondido, propiedad de Joe Lewis. Especialmente a los relacionado con su financiamiento.
En la presentación judicial se denunció a los involucrados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, de acuerdo a lo establecido por el Código Penal en sus artículos 248 y 259. La denuncia esta dirigida a aquellos personajes públicos que fueron parte del vuelo 26917 de la empresa Flyzar.
Entre ellos se incluyó al juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10, Julián Ercolini. A Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2. Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9. Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras que sindica por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del Código Penal a: Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín. Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis. Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado y a Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.
En tal sentido, fuentes de la cartera de Justicia, indicaron que los hechos a ser investigados ocurrieron durante la semana del 13 de octubre, “cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando a Bariloche, con financiamiento desconocido”.
Asimismo, explicaron que “una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas”.
En ese marcó en el escrito se planteó que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
“La recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”, se precisó en la presentación judicial.
En su denuncia, el Gobierno Nacional requirió la entrega de celulares de todos los implicados ” y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos”. Asimismo, en el texto se argumentó que la presentación judicial “responde al objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial”.
Del mismo modo, “se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse. Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política”.
Por último, la denuncia presentada por Soria, sostuvo que “gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del poder judicial de la nación. En ese entendimiento, y sin perjuicio que el artículo 4° de la ley n° 17.516 faculta al “estado” en su conjunto asumir el rol de querellante, es el artículo 22 de la ley de ministerios (ley n° 22.520, t.o. 1992 y modificatorias) el que pone en cabeza del ministerio de justicia y derechos humanos, como órgano del poder ejecutivo, la facultad de actuar en todos aquellos asuntos relacionados con el poder judicial y con el ministerio público”.
7/12/2022
