Por Redacción
El gobierno libertario oficializó este miércoles una resolución que anuló 71 disposiciones vinculadas al comercio interno en todo el país. La medida, respaldada en la Ley Bases aprobada el 28 de junio, habilita la supresión de controles de precios, obligaciones de información y regulaciones que resguardaban derechos de consumidores. De esta manera la población queda presa del mercado y de sus intereses.
El Ministerio de Economía, que encabeza el Ministro de enduedamiento, Luis Caputo, argumentó que la iniciativa busca “simplificar las relaciones de consumo” mediante la eliminación de “controles redundantes” y de exigencias “sin utilidad práctica”. La Secretaría de Industria y Comercio, a cargo de Esteban Marzorati, sostuvo que “esta resolución se suma a las más de 170 derogaciones previas ya ejecutadas durante la gestión en nuestra cartera, con el fin de promover la libre competencia, reducir trabas y recortar costos de transacción para comerciantes y consumidores”.
Entre las disposiciones derogadas, 27 correspondían a la Ley de Abastecimiento, 24 al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) y 20 a programas ya extinguidos, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio y estímulos a pequeños productores de granos. Varias de ellas fijaban precios máximos, regulaban la distribución de gasoil o exigían declaraciones de composición de productos.
La Ley de Abastecimiento, sancionada en 1974, facultaba al Estado para intervenir en casos de desabastecimiento o aumentos injustificados y garantizaba el suministro de bienes esenciales a precios razonables. El COPREC ofrecía una vía gratuita y obligatoria para resolver conflictos entre consumidores y empresas antes de iniciar un juicio. Su eliminación deja a los usuarios sin una instancia extrajudicial ágil y traslada los reclamos a organismos provinciales o a la mediación judicial obligatoria.
El Ejecutivo justificó la «desregulación» y adujo que las regulaciones eran “costos administrativos innecesarios”, pero la decisión de anularlas sin establecer marcos mínimos de supervisión expone a la población a abusos de mercado, productos de baja calidad y desigualdad entre empresas con diferente capacidad para imponer condiciones. Organizaciones de defensa del consumidor y especialistas en salud pública advirtieron que la ausencia de controles en áreas sensibles genera riesgos económicos, políticos y sanitarios.
En un contexto de inflación persistente y deterioro social, la estrategia de Javier Milei de desregulación masiva favorece a grandes corporaciones y limita la capacidad del Estado para proteger a los trabajadores y a los sectores más vulnerables. La supuesta “simplificación” se traduce en un retroceso de derechos y en mayor exposición a prácticas especulativas que profundizan la crisis.
