Por Redacción
El gobierno libertario anunció la privatización de casi 6.000 kilómetros de autopistas y rutas en todo el país, permitirá la participación de capitales privados en la empresa Corredores Viales S.A. La decisión forma parte de un plan de concesión de infraestructura vial que busca reducir el gasto estatal y fomentar la inversión privada.
La medida se circunscribe a un plan más amplio que incluye la licitación de más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales en 11 tramos, de los cuales 5.800 kilómetros están actualmente concesionados por Corredores Viales S.A. El Ministerio de Economía tendrá la facultad de modificar la conformación de la red, incluyendo la exclusión, incorporación o división de tramos y rutas según las necesidades detectadas.
La privatización por concesión permitirá la extinción de los contratos vigentes y el cierre de Corredores Viales S.A. Esta estrategia busca fomentar nuevas concesiones a capitales privados, generando un ahorro en los gastos del Tesoro Nacional. El nuevo sistema no contará con subsidios públicos, a diferencia del esquema anterior, que dependía de aportes estatales para sostener un modelo deficitario que no ofrecía beneficios reales para los usuarios.
De este modo, tal como anticipó Graciela Aleña en el programa de AGN Prensa, La Periferia, el gobierno pretende avanzar en la disolución nacional a partir de la entrega de la soberanía territorial a capitales anti-nacionales que solo tienen como objetivo maximizar su propia rentabilidad. Vialidad Nacional, organismo dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión, tanto actuales como futuros. Su rol será garantizar el cumplimiento de los acuerdos en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial.
Como argumento para justificar la medida, el gobierno usó el viejo artilugio de menoscabar el rol del Estado. Al respecto señaló que el 45% de los tramos operados por Corredores Viales presentaban un estado crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario alcanzaba un 45% respecto a la tarifa técnica.
Entre las rutas bajo su administración se encuentran sectores de las rutas nacionales 3, 5, 7, 8 y 9, así como las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. Sin dar cuenta que desde el 2024, el Ejecutivo decidió paralizar las obras públicas lo que termina por ser parte de la estrategia de entrega del patrimonio nacional.
En este contexto, la cartera que maneja Luis Caputo, tendrá la facultad de efectuar el llamado a licitación en etapas para la Red Federal de Concesiones. El proceso contempla más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales, que incluyen 5.800 kilómetros actualmente administrados por Corredores Viales S.A. El Ministerio podrá modificar la conformación de la red, excluyendo, incorporando o dividiendo tramos según las necesidades detectadas.
14/2/2025
