Por Redacción
El Gobierno de La Rioja prorrogó por 60 días el congelamiento de las tarifas y precios de servicios esenciales, por lo que los valores vigentes al 30 de abril permanecerán sin modificaciones hasta el 31 de octubre. La medida alcanzó al suministro de energía eléctrica, agua y saneamiento, transporte urbano de pasajeros, de conectividad, e incluyó la continuidad de una reducción del 20% en las cuotas de viviendas sociales.
La medida comenzó a regir este martes 1 de septiembre y fue adoptada a través de la extensión de las disposiciones establecidas por el Decreto N.º 617/26, en el marco de la situación económica y social que atraviesa la provincia, producto de las políticas aplicadas por el Gobierno de Javier Milei. El objetivo fijado por la administración provincial consiste en sostener el acceso de las familias a prestaciones consideradas esenciales y evitar nuevos incrementos sobre los gastos de los hogares.
El congelamiento comprendió los cuadros tarifarios de la energía eléctrica, los valores correspondientes a los servicios de agua y saneamiento, el transporte urbano prestado por la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo y la conectividad a cargo de La Rioja Telecomunicaciones SAPEM. Asimismo, la prórroga se extendió a las y los adjudicatarios de viviendas sociales de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, quienes conservarán durante el período establecido una reducción extraordinaria del 20% en el valor de las cuotas.
Los montos tampoco podrán registrar aumentos hasta el vencimiento de la medida. La medida oficial se inscribió en el contexto de la emergencia provincial prorrogada por la Ley Provincial N.º 10.843 y respondió a la persistencia de las condiciones que dieron origen al esquema de protección sobre las tarifas y precios de servicios públicos.
El decreto dispuso que los organismos y empresas prestatarias adopten las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios alcanzados. En ese marco, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas quedó facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para sostener la medida y asegurar el funcionamiento de las entidades prestadoras.
