Por Redacción
A través del decreto 727/2024 el gobierno de Javier Milei decidió disolver la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. La medida representa un enorme retroceso en la búsqueda de los niños y niñas apropiados durante la última dictadura militar. La decisión de cerrar la Conadi se inscribe en una serie de ataques contra la política de Memoria, Verdad y Justicia y de los derechos humanos que se han sucedido desde el inicio de la gestión “liberal”.
A lo largo de este período el gobierno ha cuestionado la legitimidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, ha minimizado la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura y ha promovido discursos que buscan instalar el “olvido y la impunidad”, señalaron fuentes de organismos de Derechos Humanos.
De este modo, la administración de Milei, al despojar a la Comisión de sus funciones y recursos,emite un mensaje que ratifica el rumbo político del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos: la búsqueda de la verdad no está entre las prioridades de la gestión. Al mismo tiempo, cabe destacar que la medida se inscribe en un contexto donde legisladores de la Libertad Avanza visitaron a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad en el penal de Ezeiza.
La decisión de cerrar la Conadi fue ampliamente repudiada por organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones han expresado su preocupación por las consecuencias de esta medida y han llamado al gobierno argentino a revertirla.
