Por Redacción
El Gobierno nacional modificó el marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 805/2025, publicado esta semana en el Boletín Oficial. La medida autorizó a la empresa estatal a interrumpir el suministro de agua potable “por atraso en el pago de las facturas correspondientes”, una decisión que modificó una política histórica de la compañía.
La resolución alcanzó a los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde AySA presta el servicio de agua potable y cloacas. Hasta ahora, la empresa no cortaba el suministro a hogares ni comercios por deuda acumulada, dado que el acceso al agua constituye un servicio público considerado vital para la subsistencia.
El cambio normativo incluyó nuevos plazos de mora. El decreto fijó que los usuarios residenciales podrán sufrir el corte luego de 60 días de deuda, mientras que las entidades comerciales quedarán expuestas a la interrupción del servicio a partir de los 15 días de atraso. La medida unilateral estableció, en ambos casos, una notificación previa con un plazo mínimo de siete días hábiles.
El Gobierno ubicó esta decisión dentro del proceso de privatización que impulsa sobre AySA, cuyo objetivo es transferir el 49% del paquete accionario a un operador privado. Desde Casa Rosada justificaron el nuevo esquema al afirmar que buscan “dar certeza jurídica” a futuros interesados. Voceros oficiales expresaron que la modificación persigue “favorecer la rentabilidad y sustentabilidad de un futuro operador privado”.
El DNU consolidó una etapa clave en el rumbo fijado por el Poder Ejecutivo, que pretende adecuar la estructura de la empresa estatal para facilitar su privatización y garantizar un perfil atractivo para los oferentes del sector. En tanto, en medio de la crisis económica, con los salarios estancados, miles de usuarios se ven agredidos por la política materialista que impulsa Milei.
