Por Redacción
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó la emergencia agropecuaria en los municipios de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, tras las graves pérdidas sufridas por productores a raíz de las inundaciones ocurridas en mayo de este año. La medida regirá desde el 1° de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, según el Decreto N° 2452/2025 publicado en el Boletín Oficial.
Desde la administración provincial informaron que la decisión se basó en informes técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario, que confirmaron la magnitud de los daños a través de estudios meteorológicos, relevamientos de campo e imágenes satelitales. La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario recomendó formalmente la extensión, al calificar el fenómeno climático como extraordinario y fuera del alcance de respuesta de los productores.
La prórroga permitirá a los productores acceder a beneficios impositivos y crediticios. Los incluidos en la categoría de Desastre Agropecuario quedarán exentos del pago del Impuesto Inmobiliario Rural en proporción al nivel de afectación, mientras que quienes se encuentren en emergencia agropecuaria recibirán prórrogas y facilidades fiscales para afrontar la situación financiera. La normativa exige la presentación de declaraciones juradas o, en caso de haberlo hecho previamente, la ratificación de las mismas dentro de los diez días posteriores a la publicación del decreto, requisito indispensable para acceder a los beneficios.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) será responsable de aplicar las disposiciones tributarias derivadas de la prórroga y de coordinar con el Ministerio de Desarrollo Agrario los mecanismos de control y validación de los daños reportados. El Banco Provincia habilitará líneas de crédito blandas para productores afectados, destinadas a recomponer capital de trabajo o sostener sus explotaciones durante el período de merma productiva.
El Ministerio de Desarrollo Agrario destacó que la extensión de la emergencia se logró mediante un trabajo conjunto con municipios y entidades rurales, que presentaron relevamientos iniciales y elevaron solicitudes ante la Comisión para garantizar asistencia efectiva a los productores más perjudicados, especialmente pequeños y medianos, que carecen de capacidad financiera para afrontar períodos prolongados de inactividad.
La medida busca no solo brindar alivio inmediato a los afectados, sino también mantener la capacidad productiva de la región a mediano plazo, evitando la pérdida de capital productivo y el deterioro de la cadena agroalimentaria en los municipios bonaerenses donde la actividad agropecuaria constituye la base de la economía local.
