Por Redacción
El Frente Sindical de Acción Climática (FSAC), integrado por sindicatos y organizaciones sociales comprometidas con la justicia climática, cuestionó el Decreto 340/2025 del gobierno libertario. En un informe difundido este fin de semana, alertaron por los efectos del anexo “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional” y exigieron su revisión urgente.
“Representa un avance sustancial del paradigma de la desregulación sobre los principios del trabajo decente, la soberanía y la justicia social”, sostuvo la conducción de la organización. Por otro lado, señaló que “su implementación sin salvaguardas laborales ni ambientales podría agravar las desigualdades estructurales en el sector” y que la medida “consolidaría una forma de exclusión normativa que contradice los compromisos internacionales del país”.
En este marco, Mariano Moreno, Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo e integrante de la conducción del FSAC, afirmó: “Este decreto genera un impacto directo en los derechos laborales”. Indicó que “debilita tanto las garantías previstas por la Ley de Navegación como los convenios colectivos al permitir condiciones contractuales extranjeras”.
Por otro lado, denunció que la medida “pone en riesgo la participación sindical en la determinación de dotaciones mínimas, provocando un profundo debilitamiento a la articulación de los gremios y las relaciones laborales del sector”.
En relación a los efectos sobre la industria naval argentina, Moreno aseguró que “la derogación de la obligación de contratar astilleros nacionales y la eliminación de las barreras para importar buques ataca directamente la capacidad industrial y estratégica nacional”.
Del mismo modo, remarcó la falta de mecanismos de protección laboral y ambiental: “Al no preverse procesos de reconversión laboral, formación profesional ni evaluaciones ambientales, atenta a los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Acuerdo de París sobre mecanismos de transición justa”.
El informe del FSAC identificó entre los principales puntos críticos del Decreto: la redefinición del transporte fluvial y marítimo como “esencial” lo que restringe el derecho a huelga; la flexibilización normativa bajo el amparo de la emergencia económica; la suspensión de la obligación de portar bandera nacional por hasta diez años; la autorización para contratar tripulación sin intervención sindical y por fuera del régimen laboral argentino; y la habilitación de buques extranjeros para el cabotaje nacional ante supuesta “indisponibilidad”.
El Frente Sindical reclamó la revisión inmediata del Decreto en el Congreso de la Nación y su posible rechazo por “afectar derechos fundamentales”. Pidió la intervención de la justicia laboral y constitucional por “vulneración de derechos adquiridos y competencias sindicales”, y propuso “la elaboración de una propuesta de ley marco de transición justa para el sector naval que contemple reconversión productiva, empleo decente y criterios ambientales”.
Por último, planteó “la articulación de sindicatos marítimos y fluviales con organizaciones ambientales y de derechos humanos para visibilizar los impactos del decreto”.
26/5/2025
