Por Redacción
El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó sus previsiones de crecimiento para la economía argentina en 2025 y 2026, a pesar de la compleja situación económica y política del país. La actualización de julio del informe Perspectivas Económicas Mundiales mantuvo la expectativa de un incremento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5,5% para este año y del 4,5% para el próximo. Esto evidencia que el organismo financiero de colonización económica está decidido a sostener al gobierno libertario a pesar de la crisis en la que está sumida el país.
El Gobierno de Javier Milei, se encuentra en pleno proceso de negociaciones con el FMI para obtener un nuevo desembolso por 2.000 millones de dólares. El Directorio del organismo multilateral se reunirá este jueves para aprobar esta transferencia y validar la modificación de la meta de reservas, luego de que el Ejecutivo reconociera que no podrá alcanzar el objetivo original de 9.000 millones de dólares para septiembre.
El equipo económico oficial optó por reducir retenciones al sector agrícola, una medida que implicó un costo fiscal cercano al 1% del PBI. La estrategia busca incentivar la liquidación de divisas por hasta 12.000 millones de dólares, con la finalidad de fortalecer las reservas del Banco Central y controlar la cotización del dólar en el período previo a las elecciones legislativas.
Desde el Ministerio de Economía sostienen que esta política no se limita a intereses electorales, sino que forma parte de un plan orientado a la sostenibilidad económica en el mediano plazo. Admiten que el resultado dependerá del accionar del sector agroexportador, ya que sin la liquidación esperada, la meta de reservas podría quedar comprometida. Sin embargo, la experiencia reciente corrobora la intencionalidad política de los desembolsos financieros.
El FMI y el Gobierno acordaron modificar la meta de reservas para adaptarla a las condiciones del mercado actual. Tras recibir en abril un primer desembolso de 12.000 millones dentro de un acuerdo total de 20.000 millones, el Ejecutivo logró mantener la cotización del dólar cerca de los $1.280, apoyándose en una acumulación de reservas que superó los 1.000 millones desde junio gracias a aportes del Tesoro. Lo que equivale a decir que que se «fumaron» la plata del Fondo para pisar el valor de la moneda extranjera.
En este marco, la presión cambiaria aumentó por la compra de divisas por parte de ahorristas, que sumaron unos 2.000 millones de dólares en el último mes, tras la flexibilización del cepo para personas físicas. Este movimiento podría limitar el efecto de las divisas provenientes de exportaciones y poner en riesgo el control sobre el tipo de cambio.
En un sobregiro discursivo, en su informe regional, el FMI advirtió que América Latina y el Caribe crecerán a un ritmo inferior al de Argentina, con un aumento del 2,2% en 2025 y 2,4% en 2026. A nivel global, ajustó su pronóstico al alza con un crecimiento proyectado del 3% para el próximo año, mientras alertó por las tensiones geopolíticas y comerciales que generan incertidumbre en la economía mundial.
Pese a las cifras alentadoras, el Fondo remarcó la necesidad de que el Gobierno implemente políticas que generen previsibilidad, sostenibilidad y confianza, es decir: más ajuste. Enfatizó que es imprescindible cumplir con lo pactado y avanzar en reformas estructurales para evitar mayores desequilibrios. Esto se traduce en acciones políticas que conformen una reforma laboral y otra previsional, de este modo se efectiva la transferencia de riqueza desde los sectores populares a los más acaudalados sin tocar las cuentas del Estado, lo que le garantiza al FMI el cobro de los intereses de la deuda y profundizar el marco de dependencia.
El Directorio Ejecutivo del FMI definirá este jueves si concede el desembolso por 2.000 millones de dólares y aprobará la nueva meta de reservas para septiembre, que reemplaza el objetivo original de 9.000 millones. La decisión puede darle aire al gobierno, sin embargo a este ritmo es posible que este nuevo desembolso sea insuficiente para contener el desequilibrio económico que sostiene el gobierno reaccionario.