*Por Fernando Araneo El autoproclamado libertario que decía venir a destruir al Estado desde adentro, resultó ser el topo del poder financiero global y de los intereses más concentrados de la economía.
Javier Milei no vino a dinamitar la estructura estatal en nombre de la libertad, vino a copar el aparato del Estado para ponerlo al servicio de las corporaciones extranjeras, los grupos económicos concentrados y el capital especulativo internacional.
Su prédica antisistema fue apenas una máscara para consolidar un régimen conservador-liberal-libertario que no sólo destruye derechos y destruye la producción nacional, sino que profundiza la dependencia y la entrega de la soberanía económica argentina. Desde su llegada al poder, Milei impuso un modelo de gestión en el que el Estado se convierte en un botín y los funcionarios en comisarios políticos del ajuste.
El discurso del “mérito” y la “libertad de mercado” se revela como una excusa ideológica para transferir recursos del pueblo trabajador a bancos, multinacionales y fondos de inversión. Los hechos hablan por sí solos. El Ministerio de Capital Humano, retuvo más de cinco mil kilos de alimentos destinados a comedores populares. Miles de familias vieron vaciarse los platos de sus hijos mientras los depósitos del Estado estaban llenos.
Esa perversión no fue un error administrativo, fue una política deliberada para quebrar los lazos de solidaridad social y someter al pueblo al chantaje de la miseria. En paralelo, el gobierno impulsó la privatización encubierta de tierras públicas. La historia se repite, lo que antes fue entrega al capital británico o yanqui, hoy es el desguace nacional en nombre de la “eficiencia”.
El escándalo del caso $LIBRA, la criptomoneda impulsada por el propio presidente, expuso otro rostro del libertarismo: el de la especulación sin control. Milei usó su imagen pública para promocionar un activo financiero que colapsó a los pocos días, generando pérdidas y denuncias judiciales por estafa y asociación ilícita. Lo ocurrido en la Agencia Nacional de Discapacidad, sumó una cuota de crueldad a este modelo inhumano.
Mientras se recortan programas sociales y se despiden trabajadores, los funcionarios traficarían con las necesidades de los sectores más vulnerables. En YPF, se presionó para vender activos estratégicos a fondos privados y a inversores internacionales. El vaciamiento de YPF simboliza la entrega total de la energía nacional a los intereses del capital extranjero, repitiendo el libreto de las peores épocas del neoliberalismo.
La designación de familiares y allegados en cargos clave se volvió una práctica habitual. Empresas de transporte vinculadas a esos mismos círculos recibieron subsidios millonarios, aun cuando se aplican recortes a los salarios y se eliminan programas esenciales que afectan directamente a la población En el Hospital Garrahan, más de 40 mil millones de pesos fueron desviados a fondos financieros mientras los trabajadores reclamaban mejores condiciones laborales.
La excusa de la “eficiencia” escondía una especulación con el dinero destinado a la salud de los niños. La vida se subordinó a la timba financiera, la ética se subordinó al lucro. Y a este entramado se suma la reciente denuncia por financiación narco al diputado José Luis Espert, el hoy ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, acusado de haber recibido aportes provenientes de redes financieras vinculadas al narcotráfico para sus campañas políticas. Este escándalo salpicaría a otros diputados libertarios.
Sin contar el historial del ministro de Economía, que en 2017 ordenó transferir 500 millones de dólares del Fondo de Inversión de ANSES al Axis Fund, una entidad fundada por él, entre otros antecedentes. Lo que se presenta como un gobierno “moralizador” podría ser, en verdad, una compleja red de cuello blanco, donde vínculos con el crimen económico y financiero serían parte constitutiva del proyecto libertario.
Las sospechas de corrupción alcanzan también a contratos multimillonarios con el Banco Nación y con la obra social de la UATRE. Los viejos mecanismos de la política prebendaria reviven bajo el discurso de la “libertad económica”. Se cambian las palabras, pero se repetiría el modelo: negocios privados, amigos del poder y entrega nacional. Detrás de cada uno de estos hechos no hay un accidente, sino una lógica. El régimen de Milei es la expresión más cruda de un proyecto de recolonización económica, una Argentina subordinada al capital extranjero, administrada por gerentes locales que se disfrazan de patriotas mientras venden el país a pedazos.
Se trata de una semi-colonia moderna, dependiente del dólar, controlada por los organismos financieros internacionales y funcional al reordenamiento del poder global encabezado por EEUU. El discurso libertario, que se presenta como rebelde, no es más que una cobertura ideológica para reinstalar la dependencia.
Se destruyen las instituciones, se disuelve la soberanía y se impone el mandato del capital financiero global. En nombre de la libertad, se impone la servidumbre. En nombre del orden, se perpetúa la injusticia. Pero frente a esta ofensiva de saqueo y colonización, la Argentina profunda resiste. Hay otra idea de Nación que no nace del odio ni de la especulación, sino del trabajo y de la justicia social.
La alternativa nacional y popular que hoy debemos levantar con urgencia no se construye sobre el ajuste ni la entrega, sino sobre el proyecto histórico de la industrialización con justicia social, como camino para recuperar la soberanía económica y la independencia real del país. Industrializar no es una consigna vacía, es la herramienta concreta para generar trabajo genuino, fortalecer el mercado interno, transformar nuestros recursos naturales en bienes con valor agregado y recuperar la autonomía tecnológica.
Un país que produce lo que consume, que invierte en ciencia, educación y desarrollo, es un país que puede ser libre. La justicia social no es un eslogan, es la condición esencial de la libertad colectiva. Sin derechos laborales, sin salario digno, sin equidad regional, no hay libertad posible ni soberanía real. Hoy, ante el avance de este régimen conservador-liberal-libertario que pretende destruir nuestra identidad nacional, reafirmamos el compromiso con una Argentina industrial, soberana y justa, capaz de decidir su destino sin tutelas extranjeras ni gerentes de Wall Street gobernando desde la Casa Rosada.
Nuestra batalla no es contra el Estado, sino contra su secuestro. No es contra la política, sino contra su corrupción. No es contra el pueblo, sino por el pueblo y por la recuperación integral de la Nación.
Industrializar con justicia social es la única manera de liberar a la Patria. Porque no hay independencia sin soberanía económica, ni soberanía económica sin producción nacional, ni producción sin dignidad del trabajo argentino. Esa es la verdadera revolución pendiente.
*Secretario Gremial de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Miembro del Grupo Ofensiva Nacional Democrática.
