El próximo 6 de febrero se llevará a cabo una audiencia pública clave para el futuro del sector energético, en la que se debatirán los aumentos tarifarios previstos para este año, además de establecerse un mecanismo de actualización hasta 2030. Este encuentro no solo tendrá repercusiones en los usuarios, sino también en las empresas distribuidoras y transportistas de gas, especialmente aquellas que cotizan en la bolsa, como es el caso de Metrogas, que actualmente atraviesa un proceso de venta.
Las empresas del sector pidieron un incremento promedio del 45% en las tarifas de transporte y distribución de gas, lo que provocaría un aumento del 15% en la factura final de los usuarios. Para la categoría R1, la de menor consumo, la suba sería de entre $1.000 y $1.200, mientras que los usuarios de la categoría R31, que representa el promedio nacional, verían un aumento de hasta $2.500.
Por otro lado, las distribuidoras propusieron un esquema de aumentos mensuales que les permita ajustarse a la inflación y garantizar la financiación de sus inversiones. No obstante, algunas empresas expresaron su rechazo al planteamiento del Enargas, que busca separar las tasas municipales de las facturas para evitar cortes de servicio si no se pagan esos montos.
Compañías como Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS), Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas y Gas Nea ya han presentado sus propuestas al Enargas, que serán analizadas en la audiencia pública. El Gobierno libertario, en tanto, evalúa establecer un tope del 9,9% para los aumentos de tarifas por encima de la inflación, lo que podría modificar las expectativas de las empresas y las proyecciones de inversión. En cuanto a los costos de la factura, el transporte de gas representa cerca del 16% del total, mientras que la producción e importación de gas alcanza el 27%, la distribución un 34% y los impuestos un 23%.