Por Redacción
Mientras los salarios pierden contra la inflación y el salario mínimo argentinos es el más bajo de la región, la administración libertaria volvió a autorizar una nueva suba del boleto de colectivos en al ámbito del AMBA. El incremento, que se aplicará desde este lunes, será del 9,7%, con ese ajuste, el valor mínimo de los servicios que cruzan la General Paz o el Riachuelo ser de $495 de acuerdo a la distancia.
El nuevo cuadro tarifario prevé que los viajes de hasta 3 kilómetros pasen de $451 a unos $495; los de entre 3 y 6 kilómetros, de $502 a cerca de $551; los de entre 6 y 12 kilómetros, de $541 a alrededor de $594; los de entre 12 y 27 kilómetros, de $580 a unos $636; y los de más de 27 kilómetros, de $618 a aproximadamente $678. Ese esquema se suma a los aumentos mensuales que la Ciudad y la Provincia aplican sobre las líneas de sus propias jurisdicciones, luego de que la Nación les trasladara la regulación durante 2024.
No obstante, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, volvió a cuestionar el valor de las tarifas. La representación empresaria, insistió en que el precio del boleto quedó rezagado respecto al proceso inflacionario y el incremento del costos. Para la entidad, el el equivalente ajustado por inflación del pasaje de marzo de 2019 debería estar hoy en los $838, lejos de los montos vigentes.
El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) publicó un informe que ubicó el aumento del transporte en el AMBA en un 852% entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, muy por encima de la inflación general del período, que llegó al 171%, y por encima del promedio de los servicios públicos, que creció 514%. Por otro lado, la política de subsidios volvió a fragmentarse en todo el país desde febrero de 2024, cuando el Gobierno nacional eliminó el Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior. Desde entonces, la tarifa social quedó como el único esquema de asistencia nacional y rige sólo en ciudades que cuentan con el sistema SUBE.
El gobierno vuelve a atacar el bolsillo de la clase trabajadora, mientras el empresariado asume su rol de victimización. Quienes realmente pagan el costo de los incrementos de tarifas son los sectores sociales empobrecidos por la política económico del gobierno liberal que profundiza la crisis entre capital y trabajo, en detrimento de éste último.
