Por Redacción
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo nacional con el objetivo de esclarecer la situación actual de la obra pública en todo el país, mayormente suspendida desde el 10 de diciembre de 2023, día en que asumió el gobierno de Javier Milei.
Con 141 votos a favor, 64 en contra y una abstención, la iniciativa requiere información precisa sobre las obras que se encuentran paralizadas, neutralizadas o suspendidas desde el inicio de la gestión libertaria, además de una evaluación sobre el impacto social y económico que provocó el ajuste en el sector de la construcción a nivel nacional.
El proyecto había sido dictaminado en 2023 por la Comisión de Obras Públicas, presidida por el diputado de Unión por la Patria, Bernardo José Herrera. El texto solicita una nómina completa de las obras en ejecución con financiamiento del Estado nacional, diferenciadas por tipo: instituciones educativas, establecimientos de salud, viviendas e intervenciones de integración sociourbana en barrios populares.
El pedido de informes exige conocer la fecha de interrupción de cada obra, los motivos de la paralización y el grado de avance que tenían en ese momento, tanto en términos físicos como financieros. Además, contempla información específica sobre obras financiadas por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la CAF, así como las que cuentan con aportes mixtos entre Nación y provincias.
Durante el debate, Herrera fue el miembro informante del proyecto. “Sin ningún tipo de análisis, el presidente de la Nación decidió terminar con la obra pública”, denunció el legislador santiagueño. Según precisó, la paralización dejó “3.500 proyectos inconclusos, perjudicó a 1.400 empresas del sector de la construcción y provocó la pérdida de 100.000 empleos directos”.
Del mismo modo, advirtió que por cada empleo perdido en el sector, se pierde al menos otro de manera indirecta. Indicó también que cada vivienda abandonada representa una familia sin acceso a un techo digno, y que la detención de rutas encarece el transporte y limita la conectividad territorial.
Desde el bloque Republicanos Unidos, el diputado Ricardo López Murphy respaldó el pedido de información, aunque planteó una mirada distinta sobre el tema. Consideró que la política actual en materia de inversión pública “es insostenible en el largo plazo”, en un “marco de fragilidad normativa”, y reclamó al Ejecutivo que explicite cuál será su plan de obras en adelante y cómo lo sostendrá.
El Congreso espera ahora la respuesta del Gobierno nacional, que deberá brindar definiciones sobre una de las áreas más golpeadas por el ajuste. La incertidumbre continúa en las provincias, entre los trabajadores de la construcción y en las empresas contratistas, mientras se acumulan despidos y proyectos inconclusos en todo el país.
11/4/2025
