Por Redacción
El diputado bonaerense por Unión por la Patria, Juan Malpeli, presentó este jueves una denuncia penal contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a quien acusó de ejercer “privación ilegítima de la libertad” sobre la funcionaria provincial Alexia Abaigar. Al mismo tiempo, solicitó ser querellante en la causa.
Malpeli señaló que la magistrada incurrió en un “ejercicio abusivo de la función jurisdiccional, privando ilegalmente de la libertad” a Abaigar, imputada por su presunta participación en un “escrache” con excremento de caballo en la vivienda del diputado nacional José Luis Espert. El expediente fue sorteado en el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.
El legislador, representante de la Octava sección electoral, destacó que la detención preventiva de Abaigar resulta “arbitraria y desproporcionada” ante la acusación por daños y averiguación de ilícito, delitos que no justifican la privación de la libertad sin juicio previo, más aún cuando no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento en la investigación.
Malpeli recordó que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que “nadie puede ser detenido sin orden de juez competente basado en la comisión de un delito establecido en ley previa a la comisión del hecho”. Asimismo, advirtió que “la particularidad más preocupante de la causa es que se encuentra en secreto de sumario, manteniendo una hermeticidad que impide el debido control del ejercicio jurisdiccional”.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, ordenó esta semana el traslado de Abaigar, funcionaria de la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres de la provincia, al penal federal de Ezeiza. Esta medida recibió fuertes críticas de distintos sectores políticos.
En ese sentido, Malpeli advirtió que “se rechazó el pedido de excarcelación y se la trasladó al Penal de Ezeiza, a pesar de haber acreditado que padece una grave enfermedad pulmonar que, con la situación climática actual, agrava innecesariamente su condición de detención”.
El diputado bonaerense aseguró que la detención de Abaigar adquiere un carácter político debido a las particularidades de la persona involucrada. Afirmó que “se ha utilizado la Justicia penal para perseguir y encarcelar a ciudadanos, funcionarios y militantes opositores al Gobierno Nacional. Hay elementos suficientes para iniciar una investigación penal al respecto”.
Por otra parte, Malpeli pidió ser considerado querellante en la causa en su rol de representante del Poder Legislativo bonaerense, a fin de intervenir en el proceso, solicitar y aportar pruebas pertinentes. “Solicito ser tenido en tal carácter a efectos de tomar la intervención que por ley corresponde en autos”, remarcó.
El artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación establece que “toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante y, como tal, impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que el Código establezca”.
En ese contexto, los diputados y senadores bonaerenses de Unión por la Patria repudiaron en un comunicado las detenciones y allanamientos considerados ilegales en los domicilios de militantes políticos en varios municipios bonaerenses, ordenados por la jueza Arroyo Salgado en el marco de la investigación por la vandalización de la casa del diputado Espert.
Los referentes de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense denunciaron que varios procedimientos siguen en curso y que al menos cinco personas permanecen incomunicadas, entre ellas la concejal de Quilmes y militante de La Cámpora, Eva Mieri. Los legisladores calificaron la situación como “una maniobra de amedrentamiento judicial y político”.
