Por Redacción
La Policía Federal Argentina detuvo en la noche del domingo a la pareja de Fernando Sabag Montiel por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, en el marco de la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Brenda Elizabeth Uliarte fue detenida en la estación Palermo del Tren San Martín por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista.
La detención se llevó adelante por orden de la jueza luego que dictara el Secreto de Sumario en la causa. Según fuentes policiales, la investigación determinó que Uliarte estuvo en el lugar del hecho el pasado jueves junto a su pareja. El último viernes, la joven brindó una rueda de prensa donde se presentó como Ámbar, allí presentó quejas sobre el procedimiento del allanamiento que se efectuó en el domicilio del acusado, al mismo tiempo que ejerció una leve de defensa de su pareja.
Por otro lado, la magistrada tomó declaración durante la jornada del domingo, en los tribunales federales de Retiro, a los peritos informáticos que explicaron las causas por las cuales el celular del imputado presentó un “reseteo y volvió al estado de fábrica”. En ese contexto se señaló que la Policía de Seguridad Aeroportuaria recibió el aparato telefónico de manos de la custodia personal de la jueza Capuchetti.
Según versiones policiales el dispositivo se encontraba encendido dentro de un sobre abierto que no poseía la planilla de cadena de custodia que se utiliza en estos casos. La pantalla de inicio estaba “tildada”, según declaró el inspector Kaplan uno de los testigos de la PSA que fueron convocados a dar su testimonio ante la jueza.
En las últimas horas Gregorio Dalbón, abogado que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que la exmandataria se sumará a la querella en la causa. Del mismo modo aseguró que en el caso de observar irregularidades en el proceso de manipulación del celular del acusado se denunciará a los responsables por “negligencia y encubrimiento agravado”.
Dalbón afirmó que “en caso de que se reconozca por parte del juzgado la negligencia de una prueba tan importante como es el celular de un imputado que intentó matar a la vicepresidenta, se iniciará una causa penal contra todos los responsables de la investigación incluyendo a la jueza Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo, la Policía Federal, Policía Aeronáutica, personal del juzgado, y todos los que tuvieron acceso a la custodia del teléfono del imputado”.
“Es increíble que cuando Cristina es víctima los jueces no hagan nada, como lo hizo el juez Manuel de Campos en la causa de amenazas de muerte, o que se equivoquen y se pierdan datos tan importantes como el que surgen del teléfono de un asesino en esta causa. En este caso la pruebas desaparecen y en otros casos las pruebas no existen”, enfatizó el letrado.
5/8/2022
