Por Redacción
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió sobre las consecuencias negativas que la desregulación impulsada por el gobierno libertario genera sobre la industria naval y la Marina Mercante. Según el documento, estas medidas repiten las políticas aplicadas durante la década del noventa, cuando la eliminación del Fondo Nacional de la Marina Mercante y la disolución de la flota estatal provocaron el cierre de astilleros, la pérdida de 30.000 empleos y la virtual desaparición de la flota mercante argentina.
El CEPA aseguró que el proceso de desregulación promovido por Federico Sturzenegger reproduce políticas que provocaron el colapso de la industria naval en la década del noventa. El informe destacó que, en el marco de una guerra comercial global, los países centrales fortalecen sus flotas propias para asegurar la exportación de su producción con menor dependencia externa. En cambio, Argentina “va a contramano” y avanza con medidas que debilitan su soberanía logística.
Entre las políticas señaladas, el CEPA subrayó el Decreto 37/2025, que modifica el Régimen de la Navegación Interior (REGINAVE) y elimina la obligación de contratar serenos de buques. “El sereno de buque son los ojos de la Argentina controlando la planchada. Ahora la empresa puede disponer de quien cumpla ese rol: lo estás dejando en manos de un extranjero. El capitán tiene que informar quién va a hacer de sereno: un filipino va a controlar la planchada, que carga sube y baja del buque o la planchada del barco”, señala el informe. Esta medida pone en riesgo 700 puestos de trabajo y favorece a empresas como PTP Group, la Agencia Marítima ISA y los operadores de los corredores cerealeros de San Lorenzo y Bahía Blanca.
Otra modificación consiste en la eliminación de la necesidad de baqueanos. El informe alertó que esta decisión permite la navegación de tripulaciones extranjeras sin conocimiento local por zonas sensibles de la hidrovía. “Ponen en serio riesgo la navegación en el alto Paraná e incluso el medio ambiente porque hay rocas y los buques tienen cientos de miles de litros de combustible a bordo”, advirtió el estudio.
Por otro lado, la Disposición 296/2025 de la Prefectura Naval redujo de 60 a 30 centímetros la profundidad de seguridad bajo la quilla, lo que, según el CEPA, representa una deficiencia en los estándares de seguridad. El informe anticipó los posibles efectos de un nuevo DNU que el Ejecutivo prepara para profundizar la desregulación. Entre los puntos principales, se encuentra la autorización para que buques bajo bandera extranjera realicen cabotaje nacional, la eliminación de la obligatoriedad de contratar tripulación argentina y la posibilidad de que los armadores soliciten el cese de bandera para inscribir sus buques en registros foráneos.
El proyecto oficial declara la navegación marítima y fluvial como servicio esencial, establece un porcentaje mínimo de operatividad en caso de huelga y deroga los convenios colectivos de trabajo del sector. En su artículo 12, el borrador indica que “los nuevos contratos de ajuste deberán aplicarse con expresa exclusión de los regímenes laborales bajo la matrícula nacional”. La medida, de concretarse, implicaría la pérdida de al menos 3.000 puestos de trabajo.
El CEPA cuestionó la intención del Ejecutivo de desvincular al personal para reencuadrarlo en un nuevo registro, con una indemnización equivalente a diez días de salario básico o una licencia sin goce de sueldo por diez años. Afirmó que estas políticas implican “una pérdida de la presencia argentina sobre sus ríos y sus mares” y afectan de forma directa la soberanía y la independencia económica del país.
En el plano jurídico, el informe recordó que la Constitución Nacional establece tres condiciones para la validez de un DNU: que existan circunstancias excepcionales, que haya necesidad y urgencia, y que no se legisle sobre materias prohibidas. Con el Congreso en funciones, no se justificaría el dictado de un decreto de esta naturaleza.
El documento incluyó declaraciones del economista Federico Sturzenegger, quien defendió las medidas y afirmó que el sector “se encuentra atravesado por regulaciones y prebendas que lo vuelven costoso e ineficiente”. En esa línea, se pronunció a favor de abrir el cabotaje a embarcaciones extranjeras. En tanto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, solicitó que se habilite a buques paraguayos para transportar cargas entre puertos argentinos.
El CEPA contrastó este modelo con el fortalecimiento de la marina mercante nacional. Recordó que el 95 % del comercio exterior argentino se realiza por vía marítima y que mantener una flota de bandera permitiría recuperar el control logístico, generar empleo y ahorrar divisas. En la actualidad, el país destina cerca de 5.000 millones de dólares anuales al pago de fletes.
Destacó que existen 338 empresas vinculadas a la industria naval registradas ante la Prefectura Naval Argentina. Durante los años sesenta, el sector llegó a emplear a más de 100.000 trabajadores; hoy, esa cifra ronda los 10.000.“Reconstruir una marina mercante nacional no es solo una política sectorial, es una apuesta por una Argentina con más soberanía, más trabajo y mayor integración territorial”, concluyó el informe.
11/4/2025
