Por Redacción
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) consiguió en la justicia una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto 340/25, emitido por el presidente Javier Milei, que calificaba a la educación como “servicio esencial” e impedía el ejercicio del derecho de huelga.
La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 45 de Capital Federal en el marco de la causa N° 20.135/25. El fallo, fechado el 26 de agosto de 2025, establece que el Gobierno Nacional no puede aplicar las disposiciones del DNU, consideradas manifiestamente inconstitucionales.
La sentencia retoma precedentes judiciales y decisiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, durante más de veinte años, han rechazado la prohibición del derecho de huelga en el ámbito educativo. En 2023, un decreto similar (DNU 70/23) fue declarado inconstitucional por la misma razón.
Desde CTERA, señalaron que la política del Gobierno constituye “una ofensiva que intenta la destrucción de la educación pública, que no conseguirán”. La organización sindical advirtió que la medida presidencial se suma a otras acciones que afectan a docentes y estudiantes: la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el no pago del Fondo Nacional de Incentivo (FONID), la supresión del Fondo Compensador Salarial en algunas provincias, la eliminación de conectividad para maestros y maestras, y la falta de partidas para comedores escolares.
CTERA afirmó que “como organización mayoritaria de las trabajadoras y trabajadores de la educación, seguiremos luchando por el respeto de los derechos de las y los docentes de la República Argentina en todas las instancias que haga falta, tanto nacionales como internacionales, así como también para la elevación de las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país”.
La medida cautelar representa un triunfo judicial y político para el sindicato, en un contexto de tensión entre el Gobierno Nacional y los sindicatos docentes, marcado por recortes presupuestarios y restricciones sobre la actividad sindical.
