Por Redacción
El sistema energético argentino atraviesa una crisis que no se explica por escasez de recursos naturales ni por factores climáticos. Con Vaca Muerta en niveles récord de producción y reservas que garantizan al menos tres décadas de autoabastecimiento, la interrupción del suministro de gas en distintos puntos del país expone una responsabilidad política concreta: el desmantelamiento deliberado de la obra pública.
El gobierno de Javier Milei paralizó desde el inicio de su gestión las obras fundamentales para completar y expandir el sistema de transporte de gas. Abandonó las plantas compresoras que permitirían duplicar la capacidad del Gasoducto Néstor Kirchner y frenó la continuidad del segundo tramo, previsto hasta la localidad santafesina de San Jerónimo. Al mismo tiempo, mantuvo estancado el proyecto de reversión del Gasoducto Norte, pese a que su finalización había sido prometida para el invierno anterior.
Ese proyecto comprende tres componentes: el tendido de 123 kilómetros entre Tío Pujio y La Carlota, la ampliación de otros 62 kilómetros del Gasoducto Norte y el cambio de sentido de inyección de gas en las plantas compresoras ubicadas en Ferreyra, Deán Funes, Lavalle y Lumbreras. Hasta 2023, el abastecimiento de la región norte se cubría con gas boliviano, pero actualmente Bolivia sólo entrega una sexta parte de lo acordado, priorizando la venta a Brasil.
Pese a ese escenario, el gobierno libertario optó por congelar las obras que permitirían transportar el gas argentino a esa misma región. La decisión tiene un costo altísimo: al no contar con la infraestructura necesaria, la Argentina debe importar gas licuado a precios internacionales, pagados en dólares, mientras en Vaca Muerta sobra producción.
Las plantas compresoras abandonadas habían alcanzado un 80% de avance al cierre de la gestión de Sergio Massa. Su finalización costaba 50 millones de dólares. El gobierno prefirió no invertir y hoy deberá gastar más de 500 millones en importar gas para cubrir el faltante que él mismo provocó. No se trata de un problema técnico ni presupuestario. Es una definición ideológica.
A contramano de la experiencia reciente, Milei insiste en imponer un modelo de obra pública financiada exclusivamente por privados. Argumenta que es el sistema que rige en Chile. La comparación es falsa: en el país vecino, el sector privado financia sólo el 15% de la obra pública. El resto lo asume el Estado.
El caso del Gasoducto Néstor Kirchner es ilustrativo. Durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó avanzar mediante esquemas de participación público-privada, pero el proyecto no se concretó. Recién cobró impulso cuando el Estado nacional asumió la financiación con recursos propios y parte del impuesto a las grandes fortunas aprobado en 2021.
Incluso los empresarios que construyeron el primer tramo —Paolo Rocca y Marcelo Mindlin— solicitaron al gobierno que reactivara la reversión del Gasoducto Norte. Aunque Milei respondió a ese pedido, la obra no avanzó. Hoy, con temperaturas bajas en todo el país, las consecuencias de esas decisiones se vuelven inocultables: cortes, importaciones innecesarias, subsidios a precios internacionales y miles de usuarios sin gas mientras el recurso sobra.
