Por Redacción
Más de 5000 puestos de venta ilegal fueron retirados este viernes en la avenida Avellaneda y sus alrededores, en el barrio de Flores, durante un mega operativo montado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La intervención, que movilizó a más de 550 inspectores, operarios y efectivos policiales, apuntó a atacar la economía popular en una de las zonas más afectadas por la informalidad en la capital.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) respaldaron la medida. “Queremos dejar claro nuestro respaldo a los comerciantes y vecinos afectados, no sólo de avenida Avellaneda, también de otros puntos conflictivos del país donde la ilegalidad y la venta de productos apócrifos dejan en desventaja al contribuyente que paga impuestos y cumple con toda la reglamentación necesaria para poder abrir su negocio todos los días”, declaró Fabián Castillo, vicepresidente de CAME y presidente de FECOBA.
Ambas entidades destacaron que el comercio considerado ilegal no solo perjudica a los minoristas formales, sino que también fomenta un sistema de trabajo esclavo en talleres clandestinos, promueve la evasión impositiva, la corrupción y la competencia desleal. En tal sentido, añadieron que “este tipo de actividades ilícitas encubren negocios millonarios, diseñados por mafias organizadas y con un sistema de trabajo esclavo, con trata de personas en talleres clandestinos, contrabando, robo y piratería de mercadería”.
El operativo se enmarcó en el marco de una política más amplia que pretende combatir la informalidad en la ciudad, que según las autoridades, afecta gravemente al desarrollo del comercio legal y esconde redes delictivas. Castillo agregó que “la competencia desleal y la corrupción precarizan las condiciones de producción, comercialización y empleo de la economía argentina”.
La medida generó reacciones encontradas. Mientras los comerciantes formales celebraron la acción, algunos vecinos y manteros cuestionaron la falta de alternativas laborales para quienes dependen de la venta callejera. Sin embargo, desde el Gobierno porteño insistieron en que la erradicación de la informalidad es un paso necesario para garantizar condiciones equitativas en el comercio y combatir las redes delictivas que operan en la zona, sin mencionar de que vivirán las y los trabajadores de la economía popular.
15/2/2025
