Por Redacción
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, asumiría este lunes como titular del Consejo de la Magistratura, al cumplirse el plazo otorgado por ésta al Congreso para que se apruebe una composición de la entidad, a través de un fallo dictado por el propio magistrado. El juez, nombrado por decreto durante la gestión neoliberal de Mauricio Macri, no dejaría su cargo en la entidad judicial y manejaría el poder de designación y remoción de jueces por medio de dicho organismo.
En diciembre pasado, la Corte declaró inconstitucional la ley que durante el gobierno de Néstor Kirchner redujo de 20 a 13 el número de integrantes del Consejo. Tras declarar la inconstitucionalidad de la norma de 2006, el Máximo Tribunal decidió el retorno a la vieja estructura. Al mismo tiempo promovió un plazo de 120 días para que el Congreso diera origen a una nueva norma que enmarcara la sentencia resolutiva.
En este contexto el Senado dio curso a un proyecto del Poder Ejecutivo con apoyo del Frente de Todos y aliados de distintas provincias, el mismo no contempla la participación de la Corte en el Consejo y propone una integración de 17 miembros. Ya en Diputados, el proyecto no fue tratado, por lo que el plazo estimado por la Corte expiró el pasad 15 de abril.
Daniel Alonso, Juez Federal de Entre Ríos, dio lugar al recurso presentado por el Diputado del la bancada oficial, Marcelo Casaretto, por lo que dispuso que las Cámaras de Diputados y Senadores, se abstengan de dar nombramiento a los miembros del Consejo, función que se debía concretar en sintonía con la resolución de la Corte en caso de no aprobarse una nueva ley.
El ex juez federal, Carlos Rozanski, señaló que “la La Corte Suprema concretará uno de los actos más vergonzantes que ese Cuerpo haya pronunciado desde el 10 de septiembre de 1930 en que convalidó el primer golpe de Estado en nuestro país. Mediante sentencia del 16/12/21, la Corte restituyó la vigencia de una ley derogada hace 16 años”.
El ex magistrado puntualizó que “no hay antecedente en el país y en el mundo, según recuerda en su disidencia el juez Lorenzetti, de revivir judicialmente una ley derogada por el Congreso de la Nación. Impulsado por la extrema derecha jurídica del país, el fallo representa un Golpe Institucional sin precedentes y mañana, 18 de abril, será su concreción”.
“Estamos ante un grave desafío a dos poderes del Estado que se encuentran hasta ahora inmovilizados ante el atropello de la cabeza del Poder Judicial que se ha erigido ilegalmente en legislador”, advirtió Rozanski.
En tanto, el titular del bloque de Diputado del Frente de Todos, Germán Martínez, aseguró que “este lunes, la Corte Suprema de Justicia puede tomar decisiones gravísimas para la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones”.
Al mismo tiempo, sostuvo: “Al expresar estas palabras no estamos “embistiendo” ni realizando una “ofensiva” contra nadie. Al contrario: estamos advirtiendo y alertando sobre la gravedad institucional del escenario que se puede configurar hoy en la justicia argentina. Lo hacemos respetando la Constitución y las leyes vigentes. Y lo hacemos convencidos de que aún hay una salida posible”.
El legislador, remarcó que “si en nombre de la derogada ley 24.937 hoy el Presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia comenzará a tomar decisiones sobre el Consejo de la Magistratura en el marco de una ley derogada hace 16 años atrás. Volvemos a la toma de decisiones hiper concentrada en una sola persona: la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia”.
Martínez indicó que “hay una medida pre cautelar interpuesta por el Juzgado Federal Nro. 2 de Paraná ante una solicitud realizada por el diputado nacional Marcelo Casaretto. El fiscal federal de Paraná apeló, pero el juez no le concedió la apelación. En virtud de ese fallo, los Presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores, cuentan con 5 días hábiles para acercar al juzgado toda la información y análisis correspondiente”.
Asimismo aclaró que “las autoridades del Senado y de Diputados tienen que cumplir el fallo de la Justicia Federal de Paraná que está claramente vigente. Tal es así que dirigentes opositores evalúan solicitar un “per saltum” a la Corte. No hay ninguna contradicción entre el fallo de la justicia de Paraná con el fallo de la Corte. Lo único que se pide es agotar el trámite parlamentario, contando con el tiempo suficiente”.
Por último, el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, afirmó que “los posibles caminos están bien definidos. Darle tiempo al Congreso para legislar. O insistir en un escenario de gravedad institucional. Esas son las opciones. Y no hace falta argumentar demasiado, porque las consecuencias de ambas alternativas son muy evidentes. Será una decisión política de la Corte. Y especialmente de su Presidente. Esperemos que prime la cordura y la defensa de las instituciones”.
18/4/2022
