Tras la amenaza de que la empresa energética Genneia dejaría de operar en las centrales térmicas de Gobernador Costa y Río Mayo a partir del mes de mayo, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, que lidera Hector Ginzález, exigió explicaciones sobre el estado de situación a los funcionarios del sector.
El impacto de la medida dejaría a 10 localidades de Chubut sin energía y a más de 21 trabajadores en la calle. “Hay 10 localidades que corren riesgo de quedarse sin luz y 21 trabajadores que están pendiendo de un hilo. Deberían tener consideración y analizar la situación y lo que está pasando”, denunció González.
El dirigente sindical sostuvo que “nuestra preocupación no es solo los trabajadores, sino las comunidades que pueden quedarse sin energía con todo lo que ello conlleva: no tener agua, hay personas electrodependientes, lo que pasa en los hospitales, entre otros servicios”.
“Estuvimos reunidos con intendentes y actores que tienen que ver con la actividad energética, pero todo quedó ahí. En febrero dieron una prórroga sobre el traspaso de la empresa a la provincia, aunque eso también quedo en suspenso y ahora Genneia le debe $791 millones”, precisó el referente sindical.
En tal sentido agregó que “el año pasado, la central estuvo fuera de servicio tres meses, por lo que el gobierno provincial decidió suplirlo con la contratación de equipamiento para alimentar el sistema. En aquel entonces fueron afectadas las localidades del interior y las cerca de 10 ciudades que también se abastecen desde allí”.
Asimismo, resaltó “estuvimos reunidos con intendentes y actores que tienen que ver con la actividad energética, pero todo quedó ahí. En febrero dieron una prórroga sobre el traspaso de la empresa a la provincia, aunque eso también quedo en suspenso y ahora Genneia le debe $791 millones” y recordó que “el año pasado, la central estuvo fuera de servicio tres meses, por lo que el gobierno provincial decidió suplirlo con la contratación de equipamiento para alimentar el sistema. En aquel entonces fueron afectadas las localidades del interior y las cerca de 10 ciudades que también se abastecen desde allí”.
Por otro lado, González puntualizó que “en las cooperativas, todos siguen cobrando atrasado. Hace un año y medio que venimos soportando estas situaciones de no cobrar en tiempo y forma. Hay que apuntar a la deuda corriente y a fin de año ver cuánto hay acumulado y tomar parte” señaló González, y agregó “lo que quedó claro es que las decisiones se van a tomar en conjunto con las cooperativas, las prestadoras, los intendentes y los diputados. Mientras tanto, Cammesa va por su lado y quedamos todos a la deriva”.
“Hay que ver cómo se desarrolla el tema, no sé si se han hecho gestiones, no se puede estar permanentemente embargando y queriendo cobrar la deuda y el corriente, las dos cosas no se pueden hacer”, estimó el sindicalista y añadió que “que la provincia pague $3000 o $4000 millones es una suma muy grande para pagar si después las cooperativas se quedan sin posibilidad de hacer efectivo el corriente”.
González concluyó: “Así vamos a llegar a fin de año con $3000 millones más porque las cooperativas no pueden hacer frente al corriente. Lo que se recauda no va a alcanzar entonces va a empezar todo de nuevo”.
