El Consejo Federal Pesquero (CFP) y sus miembros, según el presidente de la nación, Javier Milei, podrían ser tipificados de “CASTA”, ya que varios de sus integrantes no son idóneos; no trabajan; afectan al sostén de sus escasas actividades como consejeros de gran parte de los dineros de los empresarios aportados a través de los derechos de captura y otros tributos y, en algunos casos, permanecen enquistados en este organismo pese a los cambios partidarios en el gobierno.
Ante esta situación y siguiendo su costumbre, el Primer Mandatario podría llegar a calificar al citado Consejo Federal Pesquero y a una cantidad importante de sus miembros, con todos o alguno de los siguientes epítetos ya emitidos por el Presidente: “casta putrefacta, manga de delincuentes, ladrones, chorros, consuetudinariamente estafadores, mentirosos, traidores, cobardes, imbéciles, tarados, burros, inútiles, nido de ratas miserables, culo sucio, degenerados fiscales, fascistas, nazis, comunistas, socialistas, zurderío inmundo” (sic) y otros tantos léxicos incalificables degradantes hacia estos funcionarios, cuyo Estado el referido gobernante “desprecia en forma infinita” y “viene a destruir desde adentro”.
Nosotros no compartimos el uso de estos adjetivos y afirmaciones del presidente; aunque, cuando vemos que un funcionario no parece competente para las responsabilidades que se le asignan, preferimos definirlos de incapaces, ineptos o idiotas en la interpretación de los griegos. Por otra parte, somos partidarios de transformar las estructuras del Estado en eficientes, de eso se trata la conducción de un gobierno; aunque, claro está, ello es inviable cuando los que tienen que hacerlo no tienen aptitud ni actitud para hacerlo.
No es cuestión de echarle la culpa al administrado cuando ésta anida en quienes administran el Estado y nos referimos a quienes cumplen funciones jerárquicas en las estructuras de éste y no en los empleados, cuya ineficiencia la mayoría de las veces es de responsabilidad del directivo.
El encarecimiento del costo del Estado
El gobierno ha venido diciendo públicamente que los empresarios explotan los recursos pesqueros en forma gratuita y, si bien esta información es falsa y no pondera los impuestos, tasas, cargas sociales y patronales, y retenciones, etc., con los que se grava al sector, lo cierto es que el Consejo Federal Pesquero (CFP) ha incrementado los derechos de captura en forma importantísima sin evaluar la estructura de costos de las empresas y los precios internacionales de los productos que se comercializan y, sin modificar el reparto de las recaudaciones, acrecentando los fondos destinados a sostener estructuras burocráticas del Consejo y de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación y, sin devolver esos fondos a obras acordadas con el sector, a la investigación y control del mar.
La Nación – Consejo y Subsecretaría – se queda con el 66,64% de los recursos derivados de derechos, multas, etc., cobrados a los empresarios, de los cuales solo destina a la investigación el 10,37% y para el patrullaje y control otros 10,37%. En contraste, en cualquier actividad productiva eficiente, los gastos de administración nunca debieran superar el 7% del total de sus costos de personal. A su vez, el llamado pomposamente Consejo “Federal” Pesquero solo entrega a todas las provincias el 33,36% de lo recaudado, fondos que tampoco sabemos a qué fines específicos de la pesca se dedican y que, en principio, no deberían destinarse a financiar las estructuras administrativas de las provincias, para lo cual tienen sus propias recaudaciones derivadas de la pesca dentro de las 12 millas marinas.
En realidad, la explotación de la pesca es una concesión y debieran administrarse entre la autoridad concedente y los concesionarios los costos de administración, investigación y control del mar y la pesca para hacer factible la actividad y, en base a ello, determinar los valores de los derechos. No puede ser un valor arbitrario impuesto por un pequeño número de personas cuyos intereses parecieran ser meramente recaudatorios y no de desarrollo de la actividad y las comunidades del litoral marítimo.
Lo que está haciendo el gobierno no es hacer más eficiente el Estado ni reducir los impuestos a quien invierte, produce y contrata personal, sino todo lo contrario: a la par de profundizar el descrédito del Estado y, bajo ese pretexto, abrir caminos a la extranjerización, etc.
La política pesquera y la administración de cuotas de captura
Pese a que es obligación del Consejo Federal Pesquero (CFP) elaborar la política pesquera (Ley 24.922, art. 9º, inc. a), este Cuerpo no ha diseñado tal política y, consecuentemente, a partir del otorgamiento de las cuotas y autorizaciones de captura, se limita a delegar en terceros la administración del recurso y actúa, mal, como un mero fiscalizador de la actividad. Ni siquiera diseña un Plan de investigación y tecnológico acorde a las necesidades de la producción y, mucho menos, establece la estrategia de los controles navales de seguridad y su financiamiento. Sin embargo, sin plan -lo que demuestra una imprevisión total- se reserva un 32,52% del porcentual de Captura Máxima Permisible de merluza común; motivo por el cual, al otorgar cuotas en el futuro, lo hará con una discrecionalidad inadmisible en manos de unas pocas personas, favoreciendo prácticas de cohecho.
Respecto a la pesca ilegal sobre los recursos migratorios de la ZEE en alta mar y la pesca ilegal en Malvinas, el Subsecretario de Pesca y el CFP no han llevado adelante ninguna acción desde la promulgación de la Ley 24.922 en 1998, pudiendo todos estos agentes estar incursos en el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
La imagen de la actividad pesquera
La publicación del medio especializado RevistaPuerto.com.ar tituló “Incalificable: Sturzenegger calificó al sector pesquero argentino de ladrón e informó que el sector pesquero paga solo por derechos de extracción y aseguró que si pagaran más, el Estado bajaría impuestos en otros lugares y generaría más industria y empleo que la pesca» y mencionó que el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en Radio Mitre, sostuvo que «el sector pesquero solo paga el 0,15% para llevarse el pescado “de todos los argentinos” y se ufanó de que el secretario Juan Pazo esté llevando los Derechos de Extracción al 2,5%, todos muzzarella” y concluyó su presentación “calificando a la industria pesquera argentina de ladrona… cuando venzan los contratos actuales, no voy a tocar derechos; entre los pescadores argentinos van a tener que pujar para ver cuánto pagan”.
Empezaremos de menor a mayor. Sturzenegger pondera la acción del representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo, Juan Alberto Pazo (Decreto N° 374 del 29/4/2024); pero este funcionario, que por su designación era uno de los principales para definir la política pesquera prevista en la Ley, no participó ni en una sola de las 19 reuniones que realizó en el año el Consejo Federal Pesquero. ¿Habrá tratado estas cuestiones en otros ámbitos? Más “Casta” imposible. Bueno, este postulante a titular del ARCA (ex AFIP), según “La PolíticaOnline” (8/12/24), “deberá dar explicaciones sobre bienes no declarados en Miami y sociedades en el exterior”; no pareciera que sea este funcionario el más apropiado para “ordenar” la pesca.
Ya nos hemos referido —y también lo han hecho otros autores— al desprecio y ligereza con que estos funcionarios han calificado al sector pesquero; pero también es cierto que el sector no ha querido, no ha podido o no ha sabido liderar un proceso de cambio y de modernización de la actividad (no solo la construcción de un buque o una planta procesadora) y se ha limitado a introducir distintos operadores en el Consejo Federal Pesquero y/o incidir en la designación del subsecretario de pesca de turno, como lo hacen todos los sectores productivos en sus propias áreas. Solo que no se puede dejar de lado que, a diferencia de otras actividades, la explotación del recurso es una concesión de Estado y los dirigentes de la pesca han mostrado una debilidad y dependencia extrema y no una industria potente e imprescindible.
La falta de un Plan único, derivado de un número atomizado de Cámaras, conspira contra una posición fuerte, y el “sálvese quien pueda” tiene el efecto de implosión. Además, en la Argentina, el pescado no se conoce ni se consume, y ello alcanza a los funcionarios. No es España, donde son los propios españoles los que defienden este noble producto. Hay mucho para hablar, pero sobre este tema, por razones de síntesis, cerraremos aquí.
La dedicación al trabajo de los miembros del Consejo Federal Pesquero (CFP) y las cuotas de captura. Pese a que la función principal del CFP —como hemos dicho— es diseñar la política pesquera, los consejeros no parecieran muy afectos al trabajo. Teniendo presente que cualquier empleado público cumple unas 40 horas semanales, estos miembros del Consejo, durante todo el año 2024, realizaron 19 reuniones donde se labraron 27 Actas —el número más bajo de tertulias desde 1999— y ocuparon para ello un total de unas 20 horas; es decir, un promedio de una hora por reunión.
Ello podría ser el motivo formal para que recién el 5 de diciembre pasado el CFP definiera el régimen de adjudicación de las cuotas de la merluza común —la más importante especie generadora de empleo—, manteniendo a toda la actividad en un estado de incertidumbre, ya que a la fecha no se ha definido todavía la vigencia de las cuotas, pese al reclamo de empresas y gremios (Acta CFP 27/24 12/12/24).
Sabemos que no es la razón, y han circulado públicamente todo tipo de argumentos e, incluso, se ventilaron supuestas coimas. No somos ingenuos, es muy rara la reserva de cuotas que realiza el CFP, y en la decisión sobrevuela una licitación parcial a la chilena anunciada oportunamente, y será total si el otorgamiento de las cuotas de captura se limita a un año. En un juego de pinzas acciona el sideral aumento del Derecho Único de Extracción (DUE). Mientras tanto, ya hemos dicho, el sector pesquero se limita al envío de notas, cuyo tratamiento —según las Actas— pareciera que se realiza fuera del Consejo.
Casta federal pesquera e idoneidad
Pero, si algo está mal —y hay muchas cosas que están mal— a los primeros que debería observar Federico Sturzenegger o cualquier otro funcionario de turno es a quienes integran el Consejo Federal Pesquero (CFP). ¿Cómo puede pretender el ministro transformar este sector cuando el Subsecretario de Pesca y Presidente del CFP es un fiel representante de “la casta”? López Cazorla, de él se trata, fue miembro de este cuerpo desde 2006 hasta 2019, pasando por todos los gobiernos sin solución de continuidad y nunca —según las Actas de las reuniones— aportó nada relativo al cambio de la actividad; planteó la necesidad de modificar el sistema de otorgamiento de cuotas o cuestionó el valor de los derechos de captura. Obviamente, no se comportó durante 14 años como el responsable de la definición de la política pesquera. Lo mismo podría decirse de Carlos Cantú, que está en el CFP desde 2002 hasta 2015 y desde 2020 a la fecha, y fue muchos años el representante del Poder Ejecutivo Nacional. Se omiten otros tantos por razones de síntesis.
Las obligaciones del CFP tienen la complejidad de administrar una actividad muy compleja que alcanza a la captura, el procesamiento de los productos y su exportación; pero también implica tener conocimientos relativos a cuestiones económicas, comerciales, biológicas, marítimas, climáticas, ambientales y sanitarias, a la par de conducir la investigación e intervenir en asuntos relativos a la seguridad de la tripulación y la nación, y administrar el conjunto de la actividad. No es una misión destinada a ser realizada por personas que no tengan un amplio conocimiento en la materia, capacitada para diseñar y conducir la política pesquera nacional y con ello importantísimos intereses económicos, sociales y regionales.
Además de ello, se necesita un cierto compromiso temático. Vemos, por ejemplo, el caso de Juan Alberto Pazo, que ha pasado de la superintendencia de seguros a la ARCA, previa la Secretaría de Relaciones Exteriores; pero, como miembro del Consejo Pesquero, no asistió a una sola reunión de trabajo en el año. Otro tanto Miguel Schmukler, que del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), donde la pesca industrial es irrelevante en relación a sus pares de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz, pasó a ser miembro del Consejo a instancias del ministro Caputo, donde participó solo de ocho reuniones de las 19 llevadas a cabo en el año. Y así, varios consejeros que, como los nombrados, al asumir solo conocían un pescado en un restaurante o a través del tradicional póster de especies del INIDEP.
También, a modo de ejemplo, la Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paola Andrea Gucioni, que —suponemos— no se la incorporó al Consejo por haber prestado, según la AFIP, «servicios personales n.c.p., incluyendo actividades de astrología y espiritismo, las realizadas con fines sociales como agencias matrimoniales, de investigaciones genealógicas, de contratación de acompañantes, la actividad de lustrabotas, acomodadores de autos, etc. (960990)» como se indica (www.dateas.com/es/persona/paolaandrea-gucioni; https://w20argentina.com/empresa/gucioni-paola-andrea) o por el hecho de haber trabajado en la Dirección de Malvinas de la Cancillería, área que no la habilita para conocer cuestiones pesqueras.
Debería ser obligatoria que la repartición publique los CV documentados de los funcionarios.
Hay que reorganizar el Estado; pero, en general, la solución no es cerrar, concesionar, privatizar o aumentar los costos impositivos a la producción para justificar la ineficiencia de las organizaciones, echándole, a la par, la culpa a los administrados; sino poner en los cargos a funcionarios probos e idóneos que transformen al administrador en una herramienta eficaz para atender las cuestiones indelegables del Estado, servir al estímulo de la producción e industria argentina y defender la soberanía nacional.
*Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana.
16/12/2024
