Por Redacción
La Comisión Investigadora del Congreso sobre el caso de la criptoestafa $LIBRA concluyó sus tareas este lunes, luego de casi tres meses de trabajo. El informe final será presentado el 18 de noviembre, en este marco, legisladores de la oposición que impulsaron la investigación adelantaron que impulsarán denuncias penales contra funcionarios del gobierno libertario y jueces por entorpecer el trabajo de esclarecimiento de la causa.
El bloque de diputados opositores indicó que presentarán un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de las citaciones pendientes, entre ellas la de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien había sido convocada en reiteradas ocasiones pero nunca se presentó ante el Congreso.
De acuerdo con lo informado por la Comisión, la falta de colaboración del Poder Judicial impidió el acceso a documentos clave y obstaculizó la comparecencia de testigos que podrían haber aportado datos decisivos sobre las maniobras financieras investigadas.
Los diputados también anticiparon que denunciarán por mal desempeño, incumplimiento de deberes y falta de cooperación al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, al fiscal Eduardo Taiano, al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y a las autoridades de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El presidente de la Comisión Investigadora, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, afirmó: “La verdad sobre $LIBRA y sobre quienes intervinieron en su organización y ejecución va a conocerse. Esta Comisión dio pasos concretos para evitar que el caso se diluya o se cierre sin explicación, tanto en la opinión pública como en la justicia. El derecho a saber de las sociedades debe estar garantizado y vamos a sostenerlo hasta el final”.
El informe final incluirá registros de transacciones millonarias y presuntos vínculos políticos vinculados con la trama de la estafa. Los diputados señalaron que el material reunido permitirá avanzar con nuevas denuncias penales y solicitar la reapertura de causas que fueron archivadas sin resolución.
La conclusión de la investigación legislativa dejó al descubierto un conflicto institucional profundo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, mientras crece la tensión por las acusaciones que involucran a funcionarios del entorno presidencial.
