Por Redacción
El Gobierno de Bolivia presentó este lunes, en conferencia de prensa, las municiones encontradas en los depósitos de la policía correspondientes al envío realizado durante la gestación del Golpe de Estado contra el Presidente electo Evo Morales, por la gestión neoliberal de Mauricio Macri. La presentación estuvo a cargo de Carlos Eduardo del Castillo, Ministro de Gobierno, quien calificó el hecho como “tráfico ilícito de municiones, un crimen que en el país hermano es penalizado con 30 años de prisión
El funcionario boliviano estuvo acompañado por el actual Jefe de Policía, Johnny Aguilera, y el embajador argentino, Ariel Basteiro. En ese marco expresó que “es importante exponer las partes para entender el todo, es decir, tener una mirada amplia y panorámica de lo que sucedió en el Golpe de Estado el año 2019 para no perder la coherencia de nuestros actos y de lo que todas y todos los bolivianos y bolivianas queremos: justicia para nuestro pueblo”.
Castillo detalló que “el 24 de julio de 2019 el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, para Asuntos del hemisferio occidental del Gobierno de Donald Trump, Kevin O’Reilly, llegó a Bolivia y se reunió con personeros de las embajadas de Perú, Argentina, Brasil, la OEA y la Unión Europea e insinuó la posibilidad de un supuesto fraude electoral en las elecciones de octubre sin presentar prueba alguna”.
“El 20 de octubre de ese año se dieron las Elecciones Presidenciales. El mismo 20 de octubre Carlos De Mesa se declaró ganador sin conocer el resultado final. El 21 de octubre comenzaron las movilizaciones por un supuesto fraude electoral tal cual estaba estipulado en el manual. El 24 de octubre el cómputo oficial llegó al 99,99% del escrutinio y le otorga a Evo una ventaja de 10,56% sobre Mesa. Finalmente el 25 de octubre se presentaron los resultados finales al 100%, donde Evo Morales ganó con el 47,07% frente a Mesa que obtiene el 36,51%”, explicó el representante del gobierno boliviano.
Asimismo, narró que “el 26 de octubre los comités cívicos convocaron a cercar el Palacio de Gobierno. El 9 de noviembre paramilitares quemaron las casas de afines al MAS, por ejemplo, la casa del ex presidente de Diputados, Victor Borda. El 10 de noviembre obligaron al expresidente Evo Morales a renunciar a la presidencia. El 11 de noviembre comenzaron las masacres en zona Sur de La Paz dejando personas fallecidas y decenas de heridos y detenidos”.
El Ministro de Gobierno, señaló: “El mismo 11 de noviembre, el embajador de Argentina del gobierno de Mauricio Macri envió una nota a Cancillería solicitando la autorización para el ingreso de personal, material y equipamiento para que la Agrupación de Fuerzas Especiales “ALACRAN” de la Gendarmería Nacional Argentina las usará en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
De la misma manera agregó que “el 12 de noviembre, la señora Jeanine Añez se autoproclamó presidenta violando la Constitución Política del Estado y los reglamentos de ambas cámaras legislativas. Ese mismo 12 de noviembre, el IITCUP de la Policía Boliviana autorizó la internación y el porte temporal en Bolivia de armas de fuego, municiones y materiales relacionados al personal de la agrupación de fuerzas especiales ALACRAN de Argentina que fueron solicitadas por la Embajada de aquel país mediante nota en cancillería”.
Castillo denunció, del mismo modo, que “ese 12 de noviembre partió el avión con material antidisturbios de la Argentina: el Hércules C-130; el cual partió a las 23.50 llegando entre las 4 y las 5 de la mañana del 13 de noviembre a La Paz”.
En el detalle cronológica, el representante gubernamental remarcó que “el 13 de noviembre al amanecer, (5:00 am), en cumplimiento a instrucciones realizadas por el ex comandante General de la Policía, Yuri Calderón, efectivos policiales se dirigieron al Hotel Plaza Real (ex Radisson) a recoger personal diplomático argentino y llevarlos al aeropuerto internacional de El Alto”.
Es mismo día “ya en el Hangar de los Diablos Negros se encontraba el avión Hércules que llegó de Argentina. El personal diplomático argentino escoltado por la Policía Boliviana abordó dicho avión para el retorno a su país. Del mismo avión bajó personal uniformado argentino quienes descargaron cajas plásticas, cajas de madera, cajas embaladas de estopines y otros. Este personal uniformado indicó que la coordinación se realizó con el Comando General de la Policía Boliviana”.
Castillo añadió que “a las 7 de la mañana se procedió a trasladar este material a la Residencia de la República de Argentina en Bolivia. Una vez en la residencia el personal uniformado realizó la entrega de armamento indicando que se coordinó con el comandante Yuri Calderón. Con relación al desglose del material entregado los uniformados argentinos indicaron que la coordinación se hizo a nivel comando general y autoridades de alto rango”.
En su declaración ante la prensa, el Ministro remarcó que “importante mencionar que hay dos tipos de materiales que ingresaron al país ese 13 de noviembre. Uno de manera legal que fue autorizado por el IICUP con nota previa en cancillería específicamente para brindar seguridad a la Embajada Argentina y otro armamento antidisturbios no autorizado, que no cuenta con ningún registro formal ni siguió los procedimientos establecidos en la Ley 400”.
“También ese 13 de noviembre el ex Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros, envió una nota de agradecimiento a Normando Álvarez García, entonces embajador argentino en Bolivia, pero con otras cantidades de las que se encontró en las bodegas de la Policía Boliviana, es decir, que se entregó una cantidad de material a las FF.AA. y otro material a nuestra Policía”, subrayó Castillo.
Acto seguido precisó que “el 14 de noviembre se efectuó una reunión de gabinete del Gobierno de facto, que se denominó “El Gabinete de la Muerte”, y donde Roxana Lizárraga consigue el envío de material antidisturbios desde el Ecuador, y se decide la promulgación del D.S. 4078 que exime de responsabilidad penal a las FF.AA”.
El dirigente explicó que “hasta aquí podemos ver que existía un plan continental para reprimir al pueblo boliviano, no solo pidiendo apoyo para material antidisturbios a Argentina y Ecuador, sino que este plan ya venía organizado desde el 24 de julio del año 2019 cuando sin motivo aparente el Subsecretario Adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos ya hablaba de “fraude electoral” sin prueba alguna”.
Castillo enfatizó: “El 15 de noviembre Bolivia solicitó a Ecuador el permiso de sobrevuelo de la Aeronave Tipo Hércules C130. El 16 de noviembre se inició la represión y la masacre en Sacaba. Ese mismo 16 de noviembre el Gobierno de Añez gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador “proyectiles y granadas” antidisturbios. Y finalmente el 19 de noviembre inició la represión y la masacre en Senkata”.
El agente político consideró que “en el particular caso de Argentina se vulneró la Ley 400 que es la ley que tiene por objeto normar, regular y controlar la fabricación, importación, exportación, internación temporal y otras actividades relacionadas con armas de fuego, municiones, explosivos, materias primas clasificadas tendientes a la fabricación de explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos, sus piezas, componentes y otros materiales relacionados, en el marco de la Seguridad y Defensa del Estado y de la Seguridad Ciudadana”.
De esta manera, el Ministro sostuvo que “en este sentido, se vulneró la Ley 400 en sus artículos 6, 26, 28 y 29 y los artículos 49 y 50 del reglamento. Con estas vulneraciones a la normativa podemos decir que según el artículo 141 del Código Penal Boliviano lo que pasó es tipificado como Tráfico Ilícito de Armas”.
El gobierno de Bolivia destacó, asimismo, que “también es importante mencionar que se vulneró la Resolución 55/255 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 31 de mayo de 2001: Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en su art. 3, inciso E”.
Por último, Castillo aseguró que “se tomarán medidas en contra de las personas implicadas en esto, el ex Comandante de la Policía, Yuri Calderón, el ex Comandante de la Fuerza Aérea, General Terceros y personal diplomático argentino”.
19/7/2021
