*Por Guadi Calvo
Un nuevo episodio, que ha dejado cerca de ochenta muertos, se acaba de producir en la guerra intermitente que, por su independencia, libra Baluchistán, la provincia más grande de Pakistán, contra el gobierno federal, desde 1947.
En la más importante operación de los últimos cinco años, llamada Haruf (tormenta oscura y ventosa), el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés), en una serie de ataques coordinados que comenzaron la noche del domingo y se prolongaron hasta el lunes, atacó diferentes objetivos como comisarías, estaciones de tren, dos hoteles, viviendas privadas y se interrumpió el tránsito en algunas de las rutas y autopistas más importantes de la provincia, como la vía costera que conecta Karachi con Gwadar.
En ellas, todo tipo de vehículos fueron detenidos y, tras comprobar los milicianos la identidad de los viajantes, los locales eran liberados, mientras que los “extranjeros”, particularmente los provenientes de la provincia del Punyab, eran literalmente fusilados, según la versión del gobierno. El tráfico ferroviario hacia la ciudad de Quetta, la capital provincial, ha sido suspendido por la voladura de un puente, donde, además, fueron hallados media docena de cadáveres. También quedó inutilizada la conexión ferroviaria hacia la República Islámica de Irán.
Los enfrentamientos dejaron al menos catorce efectivos de las fuerzas de seguridad y veintiún insurgentes muertos. Mientras que más de cuarenta civiles fueron asesinados, veintitrés de ellos ejecutados, siempre según la versión oficial, a un costado de la ruta después de ser identificados como punyabíes.
También, allí mismo, fueron ejecutados varios camioneros, cuyos vehículos, cargados con carbón y vegetales, fueron incendiados. Solo en el área de Musakhail, un distrito al noroeste de la provincia, se encontraron unos treinta y cinco vehículos incendiados, provenientes de la provincia de Punyab, considerados por los locales explotadores de sus recursos provinciales.
En el distrito de Kalat, a 140 kilómetros al sur de Quetta, en enfrentamientos armados, las fuerzas de seguridad repelieron un ataque en el que murieron una decena de personas. En Bolan, al sureste de Quetta, seis personas murieron, cuatro de ellas punyabíes.
En la acción terrorista, donde participaron unos ochocientos milicianos, además de provocar daños, capturar armas y restablecer la sensación de inestabilidad y caos en la provincia, los rebeldes del BLA han demostrado una renovada capacidad operativa. Por lo que no es para desatender la advertencia que la propia jefatura del BLA hizo a Islamabad, donde anunciaba que la segunda ronda de ataques sería todavía más intensa y amplia.
Mientras, sigue siendo confusa la situación en la base de paramilitares de Bela, en el distrito portuario de Gwadar, en el sur del país, sobre las costas del Mar Arábigo, a las puertas del estratégico Golfo Pérsico, donde, según fuentes del BLA, cuatro de sus militantes, entre ellos una mujer, habrían realizado ataques suicidas contra esas instalaciones.
Desde Islamabad, no se ha confirmado nada acerca de los atentados suicidas, aunque sí reconocieron la muerte de tres personas en cercanías de dicha base.
Es importante señalar que el puerto de aguas profundas de Gwadar, desde hace varios años, está siendo administrado por China, que además ha hecho millonarias inversiones, ya que es un punto clave para el Corredor Económico China-Pakistán, el mayor proyecto de la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, con un valor estimado de 60 mil millones de dólares, en lo que se incluye una ruta de más de dos mil kilómetros desde Xinjiang (China) hasta el puerto de Gwadar (Pakistán), todavía en construcción.
Si bien el del domingo no ha sido el primer ataque del año, sí fue el de mayor magnitud y complejidad. A lo largo del año se han producido varios, donde además de morir civiles y agentes, fueron atacados edificios gubernamentales, aunque ninguno ha tenido la magnitud de este último, que ha representado un cambio en su escala, audacia y naturaleza.
Entre diciembre y enero pasados, baluchis de Sistán, la provincia iraní del antiguo Baluchistán, pertenecientes al Jaish al-Adl (Ejército de la Justicia) sunnita y separatista, que tiene bases en Pakistán, pero han operado con alguna frecuencia del lado iraní, asaltaron una comisaría y asesinaron a once policías persas, para más tarde hacer lo mismo en Pakistán, donde ejecutaron a una decena de soldados y de fuerzas de seguridad locales, generando una fuerte controversia diplomática entre Islamabad y Teherán (Ver: Pakistán-Irán, sin guerra… por ahora).
Un nuevo paisaje
La lucha separatista de Baluchistán, con una población cercana a los quince millones, de un total de 240 que tiene Pakistán, según el censo del año anterior 2023, más allá de la fuerza de su nacionalismo, que fuera partido a partir de 1948 entre Pakistán, Irán y Afganistán, ha sido marginada de sus planes de desarrollo por parte de Islamabad, a pesar de sus ricos yacimientos de petróleo, carbón, oro, cobre y gas.
En los diversos atentados de los separatistas que se han producido a lo largo de estos últimos años, han apuntado particularmente contra ciudadanos y proyectos chinos con la intención de romper los acuerdos comerciales y de inversión entre Islamabad y Beijing.
También en este contexto hay que considerar a la criminalidad común, alentada por las profundas crisis económicas en que Pakistán cae con frecuencia, que terminan aglutinándose en verdaderas organizaciones mafiosas.
El tránsito de inmensas cantidades de armas para abastecer a los grupos insurgentes, que existen y han existido a lo largo de la violenta historia del sello geográfico que conforman Afganistán y Pakistán, también alcanza a este tipo de bandas de crimen común, que en muchas oportunidades también han sabido jugar para alguna facción insurgente.
Como ejemplo, el pasado veintidós de agosto, once efectivos policiales fueron asesinados y otros siete resultaron heridos en una emboscada en el distrito de Rahim Yar Khan, en el Punyab, un área donde se conoce que se guarecen numerosas bandas criminales. Los atacantes que utilizaron granadas propulsadas por cohetes jamás pudieron ser identificados, ni ninguna organización insurgente ha salido a reclamar la autoría del ataque, que, por lo que las autoridades creen, ha sido una venganza de alguna de esas bandas delictivas, muchas veces empleadas también por cárteles narcotraficantes.
Esta situación, con la llegada del talibán al poder en Afganistán en agosto del 2021, hizo que todo el contexto regional se volatilizara, con un importante incremento de los ataques del grupo Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, a lo que hay que sumar los choques fronterizos de baja intensidad que esporádicamente se han dado entre las fuerzas de Kabul e Islamabad y las acciones de los grupos baluchis. Hay que considerar también la presencia del Wilayat Daesh Khorasan, que, si bien sus ataques se concentran en Afganistán, podría en cualquier momento llegar a actuar en Pakistán.
Además, este contexto se ha agravado por los cambios políticos que se produjeron tras el derrocamiento en abril del 2022 del Primer Ministro de Pakistán, Imran Khan, lo que habilitó la llegada de fuerzas conservadoras y pro norteamericanas, que avalan al nuevo jefe de Estado, Shehbaz Sharif, un hombre del establishment, con numerosas sospechas de corrupción a lo largo de su carrera política. Tras los ataques, Sharif prometió medidas enérgicas contra el terrorismo, concluyendo que no hay espacio para la debilidad, olvidando que el conflicto tiene ya setenta y seis años, y que los sucesivos gobiernos que desde entonces se sucedieron han prometido lo mismo, sin haber logrado otra cosa que masacres, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales e infinidad de denuncias de tortura, por lo que, a partir de la práctica, una guerra sucia que el gobierno central lleva a cabo contra Baluchistán solo engendra más odio y resistencia en el pueblo baluchi a todo lo que representa el poder de Islamabad.
Islamabad nunca ha podido contener las grandes rebeliones baluchis (1948, 1958, 1960, 1973-77) como la última que se dio a principios de este siglo, bajo la consigna de mayor participación en los beneficios que el país saca de la explotación de los recursos de esta provincia, un elemento más que justifica los días de furia.
