Por Redacción
La jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, autorizó a los fondos especulativos Burford Capital y Eton Park a quedarse con el 51% de las acciones clase D de YPF que pertenecen al Estado argentino. La medida se dictó en el marco de un fallo que ya había condenado al país a pagar más de 16.000 millones de dólares por la estatización de la petrolera realizada en 2012 y representa una avanzada del capital financiero internacional contra la soberanía argentina.
Preska resolvió que “Argentina deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden”, e instruyó al banco neoyorquino a entregar esos títulos a los demandantes o a quien ellos designen. Para sostener semejante atropello, afirmó que “las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida” y que “las acciones de una empresa son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York”.
El fallo representa un nuevo capítulo en la historia del saqueo legalizado impulsado por los tribunales estadounidenses, que actúan como fuerza de choque judicial del capital financiero global. Burford Capital y Eton Park no fueron víctimas de la estatización. Compraron por centavos los derechos de litigio a accionistas desplazados y usaron esa operación para montar un juicio millonario, diseñado a medida de sus intereses.
El Gobierno argentino anunció que apelará la decisión. El presidente Javier Milei confirmó esa decisión aunque eligió el camino más cómodo: culpó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien llamó “inútil soviético”, por haber sido parte del proceso de estatización de YPF. Nada dijo sobre la inaceptable sumisión del país a tribunales extranjeros.
La maniobra es tan burda como grave. Lo que está en juego no es un mero diferendo comercial, sino el derecho del Estado argentino a controlar sus recursos estratégicos. La jueza Preska no se limitó a ordenar un pago: avanzó directamente sobre la estructura de propiedad de una empresa central para el desarrollo energético del país. Lo hizo en nombre de una supuesta “ley de mercado” que se impone por fuera de toda legitimidad democrática.
Desde la expropiación en 2012, que fue votada por el Congreso y convertida en ley, el control estatal de YPF permitió planificar inversiones, recuperar capacidad de exploración, producir a gran escala y reducir la dependencia de las multinacionales del petróleo. Ahora, un tribunal del norte pretende despojar a la Argentina de su principal herramienta energética, con un fallo redactado como si el país fuera una colonia sin derechos.
La resolución judicial impactó de inmediato en los mercados. Las acciones de YPF que cotizan en Nueva York cayeron un 6,6% en pocas horas. El dato muestra que el capital especulativo no invierte para desarrollar, sino para especular, litigar y cobrar. La misma lógica que convirtió a Burford en un fondo buitre especializado en demandas multimillonarias contra Estados soberanos.
El sistema legal estadounidense, que se presenta como garante del “Estado de derecho”, vuelve a funcionar como plataforma colonial contra los países que intentan ejercer un mínimo control sobre sus recursos. Con esta medida, la justicia yanqui se arroga el poder de definir qué puede hacer o no una nación con sus empresas públicas.
La apelación argentina podrá demorar el avance, pero no resuelve el fondo del problema: la cesión de soberanía jurídica que permite a los usureros globales resolver sus negocios en escritorios de Nueva York. Si los fallos extranjeros deciden sobre YPF, mañana lo harán sobre el agua, el litio o los bancos públicos.
Preska no juzga según el derecho. Dicta sentencias al servicio del poder financiero. Su fallo no es jurídico, es político: una advertencia para todo país que se atreva a tomar decisiones fuera del guion dictado por los grandes fondos. La Argentina no enfrenta una demanda, enfrenta una extorsión con formato judicial. Y, como toda extorsión, debe ser resistida.
