Por Redacción
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) cuestionó la Ley de Presupuesto Nacional aprobada el viernes 26 de diciembre en el Senado de la Nación y advirtió que la norma consolidó un esquema de ajuste permanente que recortó recursos destinados a la educación, la ciencia y técnica, las jubilaciones y el mercado interno, con impacto directo sobre la actividad productiva, el consumo masivo y la supervivencia de las pymes.
APYME señaló que «el lamentable artículo 30 eliminó el piso del 6% del PIB para el financiamiento educativo, el objetivo de alcanzar el 1% del PIB en el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el mínimo de asignaciones para Educación Técnico Profesional y para el Fondo Nacional de la Defensa».
Del mismo modo, remarcó que «al celebrar estos “logros” el Presidente Milei advirtió a la población que se “ajuste los cinturones”, ratificando el sentido real de las medidas, que traerán una mayor caída de la actividad y de los ingresos en el mercado interno en el marco de una política de importaciones descontroladas que está destruyendo la industria, las Pymes y el empleo».
APYME explicó que «de modo complementario, se garantizan mayores exenciones a las multinacionales extractivistas, la renta financiera, las grandes fortunas y el control de la fuga de capitales, procurando asegurar la cancelación de 12.000 millones de dólares de deuda durante 2026. La sanción del nuevo blanqueo agudizará el perfil de un país ya no sólo pauperizado, primarizado y rentístico, sino además destinado a constituirse en un paraíso de capitales delictivos mientras que se persigue a las Pymes».
La entidad que nuclea a empresarios nacionales, aseguró que «estas leyes son coherentes con la pretensión de avanzar con una reforma laboral regresiva -presentada como “modernización”- que será un boomerang para el conjunto de las Pymes por medio de una mayor destrucción del mercado interno, fuente de la actividad del 99,9 % de las empresas».
Por último, APYME ratificó que seguirá «trabajando en 2026 con propuestas y acciones para frenar el impacto de estas iniciativas, evitar la profundización de un modelo que sólo augura mayores avances contra la supervivencia de las empresas y sus trabajadores, y a debatir las bases de un proyecto alternativo de reconstrucción productiva nacional con inclusión social».
