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APDFA demandó a la AGP que cumpla con el fallo judicial para reincorporar a los trabajadores despedidos

Por Redacción

La Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos exigió en las últimas horas al interventor de la Administración General de Puertos, Gastón Alejo Benvenuto, que cumpla con el fallo judicial que demanda la reincorporación de doce trabajadores despedidos a principios de año.

A través de una carta formal, la dirigencia sindical de la rama portuaria expresó que los “trabajadores, que fueron arbitrariamente despedidos durante el mes de enero y febrero, poseen sentencias de reinstalación en la AGP ordenada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuya existencia la AGP no podría ignorar”.

La carta de APDFA está dirigida al interventor. En tal sentido, la organización sindical expresó que “la cámara de apelaciones de la justicia laboral ordenó su inmediata reinstalación en la Administración General de Puertos S.E., bajo apercibimiento de imponer astreintes en caso de incumplimiento a la manda”.

En otro pasaje de la misiva, APDFA explicó que, al ignorar la tutela sindical, Benvenuto incurre en una “flagrante violación a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales de su parte y eventualmente de los gerentes que lo ‘asesoran’ -pasible de una querella por práctica desleal conforme el art. 54- sino también en la presencia de actos contrarios a su esperado rol de administración de funcionario público”.

En tal sentido, la organización sindical advirtió que, ante el posible incumplimiento que demanda la justicia por parte de las autoridades,  se verá obligada  “a llevar a cabo las acciones pertinentes en la Justicia Criminal y Correccional Federal contra toda persona involucrada y responsable en la AGP (que posean el conocimiento efectivo de las sentencias notificadas a la AGP) por el delito de desacato a la Justicia”.

Por último, APDFA insistió, ante este estado de situación, en pedir una nueva reunión con el interventor “a los fines de evitar escalar el conflicto que, reiteramos, tiene su fundamento en el incumplimiento de la Administración General de Puertos a lo ordenado por la Justicia. Incumplimiento que, de persistir, lamentablemente provocará un notorio y abultado perjuicio fiscal a la misma”. 

 

 

 

19/9/2024

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