Por Redacción
Amnistía Internacional (AI) dirigió una carta a Max Alier, representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina, durante las tratativas por un nuevo préstamo al país. La organización alertó sobre el riesgo de que las políticas de ajuste fiscal acordadas profundicen la crisis socioeconómica y afecten a grupos vulnerables: personas mayores, mujeres, niñas y niños.
Argentina enfrenta una crisis económica prolongada que limita el acceso a condiciones básicas de vida para gran parte de su población. En este sentido, el organismo recordó que el FMI, como agencia de la ONU, tiene la obligación de respetar los derechos humanos y evitar financiar programas que restrinjan el acceso a salud, educación, alimentación y trabajo.
“Los Estados siguen siendo los principales responsables de garantizar los derechos humanos, pero instituciones como el FMI también pueden ser cómplices si promueven políticas que impacten en la vida de las personas”, afirmó Mariela Belski, directora de AI Argentina, y añadió: “Es fundamental que el FMI incorpore una perspectiva de derechos humanos en sus negociaciones y asegure transparencia para permitir el escrutinio público”.
El gobierno argentino celebró un superávit fiscal tras 16 años, resultado de un ajuste que incluyó recortes en áreas sensibles. AI señaló que las jubilaciones sufrieron una reducción del 19% en 2024, lo que dejó al 60% de los adultos mayores bajo la línea de pobreza. La eliminación de la moratoria previsional impedirá que el 69% de las mujeres y el 50% de los varones accedan a una pensión a los 60 o 65 años. También se eliminaron fondos para prevenir la violencia de género y el embarazo adolescente, claves para reducir la pobreza intergeneracional.
Amnistía Internacional exigió al FMI seis medidas:
- Garantizar que las políticas económicas respeten derechos humanos y protejan a los vulnerables.
- Asegurar transparencia en los acuerdos y permitir revisión pública.
- Evitar condiciones que limiten al Estado en el cumplimiento de derechos sociales.
- Realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos antes, durante y después de aplicar programas.
- Impedir que los ajustes afecten desproporcionadamente a familias de bajos ingresos.
- Incluir a la sociedad civil en el diseño y monitoreo de las medidas.
La organización subrayó que el FMI debe evitar repetir fórmulas que agraven la desigualdad en un país donde el 57,4% de la población ya vive en la pobreza. “Las negociaciones no pueden ignorar el costo humano”, concluyó Belski.
28/3/2025
