Por Redacción
La oficina argentina de Amnistía Internacional presentó en los últimos días el informe sobre la situación de los derechos humanos en el país en el marco del primer aniversario de gestión de Javier Milie. En tal sentido, el trabajo presentado por el organismo internacional evidenció un retroceso en 12 áreas significativas.
El informe, bajo el lema: “12 meses de gestión, 12 meses perdidos”, el informe detalló que el índice de pobreza en Argentina aumentó del 41,7% al 52,9% con la administración Milei, lo que dejó a más de 15 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. La situación es especialmente grave para los niños, ya que más de un millón no tiene acceso a una cena diaria. Las políticas de ajuste económico, afectaron desproporcionadamente a las mujeres y a los sectores de bajos ingresos.
En tal sentido, la Amnistía Internacional indicó que las jubilaciones mínimas no lograron cubrir la canasta básica, lo que dejó a millones de adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad. El veto presidencial a una ley de actualización previsional profundizó la crisis en este sector. de modo tal que “en términos del PBI, en el primer trimestre de 2024 las erogaciones por prestaciones de la seguridad social representaron el 4,9% del total del gasto, bastante por debajo del 7,1% del primer trimestre de 2023 y del 6,5% del último trimestre del mismo año”.
“Es decir que las jubilaciones en el primer trimestre de este año perdieron peso en relación con el total de valor agregado en el país, en un contexto en el que, además, dicho monto de generación de nueva riqueza también se contrajo”, añadió el informe.
La hostilidad hacia los periodistas y el uso de discursos confrontativos generaron un clima de intimidación y censura, afectando el debate democrático. El informe también destacó el impacto de la violencia digital sobre las periodistas mujeres: “El gobierno ha decidido liderar una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias, que utiliza discursos de odio y desinformación como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente, incluyendo periodistas, referentes de la oposición y organizaciones sociales”.
El derecho a la protesta pacífica estuvo en riesgo debido a medidas como el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público y el uso desproporcionado de balas de goma y gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad. También se denunciaron detenciones arbitrarias, criminalización de manifestantes y agresiones a periodistas.
Asimismo, el informe destacó la preocupación de la organización internacional en relación a la libertad de expresión en redes sociales: “La vigilancia en internet y el patrullaje de las redes, además, representa riesgos de condicionamiento del discurso público produciendo el llamado chilling effect: si una persona sabe -o tiene la sospecha fundada- que todo lo que comenta, postea, publica, etc., está siendo vigilado por las fuerzas de seguridad, podrá inhibirse de emitir, por ejemplo, opiniones críticas o disidentes, afectando la libertad de expresión, y perjudicando la calidad plural y democrática del debate público”.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, afirmó que “los datos son contundentes y revelan un deterioro alarmante de los derechos humanos en Argentina durante el último año. Estas políticas no solo ignoran las necesidades urgentes de la población, sino que profundizan desigualdades estructurales, limitan derechos fundamentales y erosionan el espacio democrático”.
18/12/2024
