Por Redacción
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el 37,4% de los hogares argentinos recurrió a sus ahorros para mantener el nivel de consumo durante 2025. En 2003, esa proporción era del 19,9%, lo que representa un incremento de casi 18 puntos en dos décadas. El informe sobre estrategias de manutención de los hogares, difundido el martes y correspondiente al primer semestre de 2025, indicó que el 50,9% de las familias compró en cuotas o al fiado, y que uno de cada cuatro hogares debió solicitar algún tipo de préstamo.
De acuerdo con los resultados, el 40,8% de los hogares utilizó sus ahorros o vendió pertenencias para afrontar los consumos del período, una práctica que afecta principalmente a los sectores medios y bajos. En comparación con 2003, el recurso al crédito creció de manera sostenida. Hace veinte años, sólo el 22% de los hogares realizaba compras en cuotas o al fiado, mientras que en la actualidad esa cifra supera la mitad. En el mismo lapso, los préstamos con bancos o entidades financieras pasaron del 3,4% al 14,2%.
El estudio señaló que el 22,5% de los hogares con menores ingresos, incluidos los cuatro primeros deciles y aquellos sin ingresos monetarios, pidió préstamos a familiares o amigos. En los estratos de ingresos más altos, en cambio, el endeudamiento se concentró en bancos y financieras. El trabajo remunerado se mantuvo como la principal fuente de ingresos, con un peso del 82% en 2025 frente al 78,3% registrado en 2003. Sin embargo, aumentó la participación de ingresos no laborales, como jubilaciones, pensiones y ayudas económicas, junto con el uso del endeudamiento como mecanismo de subsistencia.
El peso de los planes sociales y ayudas económicas se triplicó entre 2003 y 2025, al pasar del 4,5% al 14,6%. La información del INDEC muestra una creciente dependencia de estas transferencias por parte de los sectores vulnerables, en un contexto donde el ingreso laboral perdió capacidad para garantizar la cobertura de las necesidades básicas.
El organismo advirtió que las familias trabajadoras dependen cada vez más de la venta de bienes, el crédito y los ahorros acumulados para sostener su nivel de vida. Esta tendencia se consolida en un escenario de precarización del empleo y pérdida del poder adquisitivo. Durante los últimos años, la pobreza no descendió del 25% ni siquiera en etapas de crecimiento económico, y en momentos de crisis superó el 50%, con consecuencias graves sobre la infancia y la alimentación.
En este contexto, el gobierno libertario de Javier Milei impulsa una reforma laboral que apunta a la reducción de derechos conquistados. Distintos sectores sindicales advirtieron que esa medida profundizaría la explotación y la inestabilidad de los trabajadores, tanto formales como informales.
