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Adiós a la soberanía energética: Por decreto Milei liquida centrales hidroeléctricas

Por Redacción

A través del decreto 718/2024, el presidente Javier Milei dispuso un plazo de 180 días para la venta de las acciones del Estado en cuatro centrales hidroeléctricas situadas en la región del Comahue, entre Neuquén y Río Negro. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada también por el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afecta a las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

El decreto establece que, dentro de seis meses, la Secretaría de Energía llevará a cabo un “concurso público nacional e internacional, competitivo y expeditivo” para vender el paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de estas sociedades. Esta decisión ratifica los plazos de explotación de las concesiones otorgadas el año pasado, dando continuidad a las operaciones y preparando el terreno para un nuevo proceso de privatización.

Actualmente, los complejos hidroeléctricos están gestionados por las siguientes empresas: Orazul Energy administra Cerro Colorados; ENEL Generación se encarga de El Chocón-Arroyito; AES SA explota Alicurá; y Central Puerto SA posee la concesión de Piedra del Águila. El decreto aclara que estas centrales, clave en la conversión de energía eléctrica para su distribución, han sido transferidas al sector privado y que sus concesiones están vencidas y en período de transición.

La privatización de estas centrales hidroeléctricas plantea una serie de interrogantes sobre el futuro del sector energético en Argentina. Entre las principales preocupaciones se encuentran los posibles impactos en las tarifas eléctricas, la seguridad energética y la calidad del servicio.

El proceso de concesión en los últimos años estuvo a cargo de Enarsa (Energía Argentina SA) y NASA (Nucleoeléctrica Argentina SA). Sin embargo, con la nueva medida, estas compañías estatales están incluidas en el paquete de la Ley Bases como empresas a privatizar. En consecuencia, ya no habrá un organismo estatal especializado en la supervisión de esta privatización. Los criterios serán determinados por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, que actuarán como autoridades de aplicación según el decreto publicado esta mañana.

 

 

 

 

12/8/2024

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