*Por Redacción
Organizaciones Sociales como la CTEP, Barrios de Pie, CCC, la Unión Industrial Argentina, La Confederación General del Trabajo, el Frente Sindical Para el Modelo Nacional y las dos CTA participaron, este jueves, de la “Mesa de Diálogo por el Trabajo y la Vida Digna”. Allí, las organizaciones populares entregaron al titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, un documento de alto contenido crítico social y con propuestas para superar la crisis actual que atraviesa el país.
“Consideramos que la defensa del Trabajo es la defensa de la humanidad misma, que a través de su actividad transforma el mundo y le pone su sello: la Cultura. Porque el hombre y la mujer no trabajan solamente por una retribución económica, sino también para transformar la realidad y construir el bien común como un servicio a la comunidad. De ahí su valor trascendente. La retribución que brinda el trabajo es ante todo la Dignidad, que se realiza en la justa distribución de los bienes materiales y espirituales”, expresaron las diversas organizaciones que contribuyeron a la confección del documento.
Del mismo modo indicaron que “nuestras preocupaciones y propuestas están orientadas a que nuestro país alcance los objetivos del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que en Argentina tiene rango constitucional desde 1994, y se inscriben en los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030, donde “se parte de la base de que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra la desigualdad dentro de los países y entre ellos, la preservación del planeta, la creación de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el fomento de la inclusión social están vinculados entre sí y son interdependientes”.
Luego de un amplio diagnóstico las organizaciones intervinientes presentaron una serie de puntos para revertir la actual crisis inducida por el gobierno de Cambiemos:
- Subordinar la economía a la política: implica poner como destinatario de las políticas públicas al soberano de la democracia que es el pueblo. Sin demagogia y sin medidas que lleven a la población a tener que luchar por su supervivencia meramente biológica. La vida humana no debe subordinarse a la acumulación indiscriminada de riqueza.
- Defender la Industria Nacional: vemos la necesidad de generar medidas que eviten la masificación del despido como solución a la crisis. Para ello instamos a tomar medidas que acompañen nuestra voluntad de preservar, promover y crear fuentes de trabajo de cuya urgencia y necesidad somos testigos. En ese sentido, proponemos administrar en forma consensuada con cada sector productivo las importaciones, de modo de no deteriorar nuestro aparato productivo, y preservar los puestos de trabajo integrando a todos los sectores, protegiendo razonablemente la producción y el trabajo de nuestro país en el marco de una competencia internacional que impone reglas injustas. De la misma importancia es el esfuerzo que se requiere para sostener el mercado interno, sobre la base de paritarias libres y sin condicionamientos. También solicitamos acompañamiento para las empresas, incluyendo a las unidades productivas de la Economía Popular en situación crítica, para que no se pierda trabajo; ya que resulta más importante, en última instancia, financiar el trabajo que el desempleo. En ese sentido propugnamos, también, la eliminación del impuesto a las ganancias para los/as trabajadores/as alcanzados/as por el mismo, y que están bajo convenio. Asimismo resulta justo y lógicamente coherente, mantener las exenciones a dicho impuesto para las organizaciones sin fines de lucro. Observamos con preocupación que el sistema tributario en su conjunto atenta contra la producción, exime a la especulación y genera que tributen proporcionalmente más aquellos/as que menos tienen.
- No habrá desarrollo sin políticas públicas orientadas a la industrialización del medio rural tanto en la “zona núcleo” como en las producciones extra pampeanas: Es menester priorizar a las economías regionales bajo el criterio de seguridad alimentaria, mitigando la intermediación y la abismal desigualdad de oportunidades productivas y comerciales devenidas de los estructuralmente desmedidos poderes económicos y financieros. Urge poner en el centro a la persona humana, desplazando a la renta como omnipotente ordenadora de la lógica productiva, económica y social. Además del Estado, es indispensable la determinación y compromiso patriótico de las organizaciones libres de la sociedad, dentro de las cuales las entidades cooperativas –particularmente las agroalimentarias- deben asumir un rol protagonista, recuperando sus sentidos fundacionales basados en la equidad, la igualdad, la propiedad conjunta, la gestión democrática y la solidaridad. Los gobiernos tendrán que comprender que las cooperativas, mutuales y demás entidades de la economía social y solidaria, son actores insoslayables para toda posibilidad de desarrollo sustentable, que aportan a un dinamismo que genere mayor rentabilidad, trabajo digno y una lucha real contra la pobreza, fortaleciendo, a su vez, los lazos de la familia argentina.
- Rechazamos los procesos de concentración en todos los ámbitos económicos, pues representan una distorsión económica y social, y terminan sirviendo a la especulación financiera. El Estado como promotor y articulador encuentra allí un rol esencial.
- Implementar el Consejo de la economía Popular, y dentro del mismo el Registro Nacional de la Economía Popular, conforme a la Ley de Emergencia Social, para planificar la implementación de políticas y para reconocer la realidad de los trabajadores de la Economía Popular con sus unidades productivas, y diseñar, en diálogo con todos los involucrados, políticas que contemplen las diferentes necesidades del sector y las modalidades de integración a la sociedad y al aparato productivo nacional.
El extenso documento de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y eclesiásticas concluyó: “bregamos para que este camino de encuentro entre todos los sectores con responsabilidad institucional o social nos lleve a ofrecer soluciones a quienes más lo necesitan y a generar un ámbito para la construcción de la paz social. Por último, nos sumamos a los conceptos y valores expresados por los Obispos de La Matanza y Lomas de Zamora en ocasión de las muertes desdichadamente ocurridas en una comisaría de Esteban Echeverría y de un militante social en La Matanza: Recuperar el valor inalienable de la vida humana como fundamento de una Democracia con Justicia es condición esencial de la Paz Social”.
