*Por Omar Zanarini
Es vox populi que el gobierno de Cambiemos lleva adelante operaciones que tienen por objetivo perseguir y encarcelar a opositores, con la clara intención de aplicar políticas de Estado contrarias a los intereses del pueblo, los trabajadores y la Nación misma.
Los mecanismos, que definimos como operaciones desde el Estado, han alcanzado un nivel de sofisticación y articulación que incluyen no solo la utilización de los medios de comunicación hegemónicos, sino también la capacidad punitiva del Poder Judicial.
Esto se conoce como Lawfare: la utilización de la justicia y los medios para construir una imagen negativa de opositores al gobierno. Esto es, desde una perspectiva política, la utilización de todos los recursos disponibles a fin de lograr la construcción del enemigo político, no del gobierno, sino de la sociedad toda.
Un reciente documento filtrado a distintos medios de comunicación, entre ellos Radio Gráfica, pone en evidencia las mentiras de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y desnuda las intenciones de buscar el cierre del Astillero Río Santiago. El mismo apareció luego de la ocupación pacífica del ministerio de Economía de Provincia de Buenos Aires por parte de los trabajadores.
El documento habla de operaciones para la “construcción del enemigo” y propone asociar a ese enemigo con la representación gremial de los trabajadores en ATE -Seccional Ensenada. Según se lee, busca “mostrar el mal” y continuar operando para generar una “Acción Continua de pequeñas cosas” a fin de lograr la reducción de la planta del ARS y justificar el cierre, ya que el texto no lo descarta.
El documento filtrado, titulado “Agenda Integral”, es un plan detallado de operaciones de Estado, que desnuda el modus operandi de la estrategia del Lawfare, que incluye maniobras en conjunción con los medios de comunicación y la justicia a fin de cumplir un “objetivo” de mínima y cerrar el año 2018 con 765 trabajadores en la calle.
Esta Agenda Integral se compone de tres niveles: Económica, Judicial y Pública. Y se ejecutan coordinadas en tres etapas bien definidas. El propósito no sería otro que generar las condiciones subjetivas en la población para justificar las acciones y medidas contra el ARS, los gremialistas, el sindicato de ATE y las cooperativas del Plata y Frate.
Según se observa en el documento, ya se estaría transitando el segundo mes de la segunda etapa. La primera de ésta serie de operaciones se puso en marcha en junio-julio, con suspensión de las horas extras. La último tramo figura de “septiembre en adelante”.
Así encontramos la primer “Agenda Económica”, que describe las acciones que la dirección realizará hacia adentro de la empresa, que en la primera fase contempla, desde la eliminación de horas extras, pasando por un control más estricto de los trabajadores, la intimación a quienes están en edad jubilatoria; la revisión y eliminación de premios; el traslado del pago de sueldos al gremio de trabajadores que laboran para la entidad gremial; la reducción de turnos nocturnos, guardia y suspensiones. Para finalmente, llegar a fin de año con 765 trabajadores despedidos. Esto último “si se descarta la opción de cierre”, reza el documento.
El segundo nivel es la “Agenda Judicial / Legal”: propone como primer medida a tomar realizar una “Denuncia Penal de Hechos Ilícitos”, la cual gatillaría el resto de a las acciones planificadas en la Agenda Integral. Justificando de éste modo los pasos del Estado. Con el amparo del clima generado comunicacionalmente, se pondrá en marcha la denuncia.
Cabe recordar, el pasado mes de julio, el presidente del Ente Administrador del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila, presentó una denuncia judicial donde queda clara la maniobra para construir al enemigo y anclarlo en la figura del sindicato ATE – Seccional Ensenada. La denuncia presentada es por “administración fraudulenta”, donde habla de “actos administrativos irregulares”, destinados a desviar importantes sumas de dinero “en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de contrataciones injustificadamente onerosas y gravosas”.
Instalada la primer denuncia por hechos ilícitos, el documento propone como siguiente acción dar curso a una investigación por presunto “Lavado de Dinero y Asociación ilícita”, donde operarán sobre el armado de “presuntas irregularidades que tienen que ver con el manejo de fondos de ATE girados por ARS”.
Es en esta segunda etapa de la agenda judicial donde se despliega a pleno la estrategia del gobierno para desprestigiar a ATE y “otros gremios marítimos”. El objetivo es vincular al gremio con supuestas maniobras ilícitas y con la administración anterior. Así buscarán ampliar la denuncia, y focalizarla “en el concepto de Asociación Ilícita”, a la vez que presentarán un “análisis de Contratos y Servicios de Reparaciones o construcciones” a fin de instalar la idea de un “grave perjuicio patrimonial al ARS”, donde se encontrarán “contratos/o estimaciones con cláusulas o condiciones comerciales perjudiciales para con el ARS” y se presumirá “connivencia con ATE y otros gremios marítimos”.
Pero todo el potencial está puesto en el tercer nivel de la agenda integral, definida como “Agenda Pública”, y que claramente refiere a las acciones mediáticas. Estas operaciones funcionarán bajo la premisa de “mostrar el mal” a través de una “acción continua de pequeñas cosas”, definidas en la primera etapa como medidas “proactivas en off”. Son dos. Consisten en informes elaborados enviados a la prensa, previamente tematizados sobre los elementos de la Agenda Económica , armados a modo de “pruebas para que se evidencie el mal y podamos actuar”.
El objetivo principal de éste nivel es el de la “construcción del enemigo”, sobre la base de supuestas “amenazas” y “discursos que atentan contra el orden democrático”, los que permitiría al gobierno “seguir consolidando el perfil del enemigo”.
La segunda etapa de la agenda pública consiste en medidas “reactivas”, sobre la base de las acciones contempladas en la Agenda Judicial; allí se busca que los medios consoliden la idea de “la lucha contra las mafias y los privilegios gremiales” y muestren la gestión de gobierno como paladín de la justicia: “mostrar nuestra transparencia, no somos cómplices, no somos parte, damos la pelea contra ‘otro gremio corrupto’”. La fase se inicia “una vez que la Justicia habilite (sic)”. Asimismo deja en claro que “no habrá comunicaciones para no perjudicar ni interferir en el desarrollo”.
El último momento de la agenda pública se iniciará “una vez ejecutadas las medidas de la agenda económica” y está destinada a tematizar la necesidad de “reducción de personal; Categorías y vacantes; Eficiencia y control de la Administración”. El objetivo en esta tercera fase es doble, por un lado “mostrar la resolución del problema” y por otro los logros en “la lucha contra las mafias y los privilegios gremiales”.
A tal fin el argumento –a todas luces irregular institucionalmente y asentado en falacias armadas contra obreros y sindicatos- se construye al plantear como efectivas las operaciones: “habiendo dejado en evidencia el mal, resulta más sencillo explicar y justificar en el frente comunicacional las decisiones de gestión”.
Lo que aquí se describe es una hoja de ruta de quienes buscan destruir la industria naval, comenzando por cerrar el ARS y dejando a miles de trabajadores sin su fuente laboral. Si estos objetivos no han sido alcanzados por los rufianes, es por la lucha tenaz de los trabajadores, los sindicatos, los gremios marítimos y la comunidad de Ensenada toda, que a pesar de las intenciones y la rapacidad con la que golpea el gobierno provincial sigue firme dando pelea para preservar los más de 3000 puestos de trabajo.
*Periodistas / Productor / Radio Gráfica
