A medida que pasan los días, parecería que la amenaza de una nueva guerra entre Pakistán e India se está alejando, después del ataque del Frente de Resistencia contra un contingente de turistas indios en el valle de Pahalgam (Cachemira india), el pasado veintidós de abril. (Ver Cachemira: Otra vez tormentas).
El ataque del grupo separatista islámico, que dejó veintiséis muertos y al menos quince heridos, todos hindúes, ha generado la mayor crisis de seguridad entre ambas naciones desde 2019. Apenas conocido el hecho, desde Nueva Delhi partió una andanada de acusaciones y amenazas contra Islamabad, lo que paralizó a la región.
Por la importancia de las dos naciones, que cuentan, ambas, con poder nuclear, y a lo largo de su historia, tras la partición de 1947, ya han mantenido cuatro guerras y centenares de incidentes fronterizos, casi todos centrados en Cachemira, una provincia de mayoría musulmana, reclamada por ambas naciones desde hace poco más de setenta años.
El hecho, además, provocó el cierre de pasos fronterizos, el mutuo retiro de personal diplomático, la suspensión de algunos acuerdos tan vitales como el Tratado de las Aguas del Indo (IWT), esencial para Pakistán, que desde 1960 nunca ha sido suspendido, a pesar de tensas relaciones entre ambas ex colonias británicas; las guerras de 1965, 1971 y 1999, los centenares de enfrentamientos fronterizos y los múltiples cruces diplomáticos, siempre por la misma cuestión: Cachemira.
Si Nueva Delhi revoca rápidamente el acuerdo del IWT, podría provocar la reacción de Pakistán, que ya advirtió que cualquier interrupción del curso de agua será interpretada como “una acción de guerra”. Esta situación es particularmente crítica para la provincia del Punjab, que genera más del setenta por ciento de la producción agrícola del país, la que depende en su totalidad del río Indo.
A esto se suma la ola de calor, que ahoga a todo el sureste asiático, y particularmente a Pakistán e India, que ya supera los cuarenta y cinco grados, cinco por encima de su máxima anual. Aunque en regiones como la provincia de Sindh, al sudeste de Pakistán y fronteriza con India, esa máxima superó los cincuenta grados. Fenómeno que, según los científicos, se estaría convirtiendo en una “nueva normalidad”.
La amenaza de India de impedir la llegada de las aguas del Indo llevó a Bilawal Bhutto Zardari, presidente del Partido del Pueblo Pakistaní (PPP), uno de los dos partidos más importantes del país y heredero principal del clan Bhutto, el de mayor trayectoria de Pakistán, con cierto dejo operístico, el pasado veintisiete de abril, a sentenciar que: “O nuestra agua fluye por el río Indo, o será su sangre”.
En India, después del ataque en Pahalgam, en Jammu y Cachemira, y otros tres estados del norte de la India: en Uttar Akhand, Uttar Pradesh y Punjab, se disparó una de las habituales olas de islamofobia contra cachemires, instándolos a abandonar la región y retirarse a Pakistán. Organizaciones hinduistas, que responden directamente al aparato político del gobierno del primer ministro Narendra Modi, ya se han puesto en marcha, como lo hacen habitualmente, para materializar las amenazas contra la población civil musulmana.
La contrapartida de estas acciones podría darse en lugares como Uttarakhand, en las estribaciones del Himalaya, donde existen santuarios hinduistas que convocan entre tres y cuatro millones de peregrinos entre mayo y julio, lo que podría ser una tentación para cualquier comando suicida musulmán.
La organización ultraderechista Hindu Raksha Dal o HRD (Organización India para la Protección de las Vacas), el año pasado ya había atacado barrios marginales de la ciudad de Ghaziabad (Uttar Pradesh), donde quemaron y saquearon viviendas, golpearon y torturaron a musulmanes, acusándolos de ser migrantes ilegales provenientes de Bangladesh. Aunque se conocía que esos barrios históricamente son habitados por musulmanes indios de bajos recursos. Por estos incidentes, el máximo dirigente del HRD, Pinky Chaudhary, quien ya tenía catorce causas por intimidación pública, volvió a ser detenido.
En Bengala, referentes del Bharatiya Janata Party (BJP) (Partido Popular Indio), que llevó al primer ministro Modi al poder, publicaron en las redes las direcciones de ciudadanos cachemires, acusándolos de estar involucrados en el ataque del valle de Pahalgam.
Si bien ya desde antes de la “partición” no se necesitan muchas excusas para el estallido de la violencia religiosa en India, mucho menos desde la llegada al gobierno de India de Narendra Modi en 2014, y que a lo largo de toda su carrera política ha usado el supremacismo hindú como un argumento político. Por lo que, desde estos últimos diez años, cualquier situación confusa, se culpa a un musulmán y de allí los pogroms contra esa comunidad, que a lo largo del “reinado” de Modi, ya han dejado centenares de muertos. Por lo que, tras el ataque del pasado veintidós de abril, en que las víctimas han sido claramente hindúes, a mano de musulmanes, la ola de venganza, más allá de cómo termine de dirimirse la cuestión, podría batir cualquier récord.
La actual situación amenaza con superar a la de febrero de 2019, cuando un ataque terrorista contra un convoy policial terminó con la vida de cuarenta hombres de la fuerza en el distrito de Pulwama. Derivó en ataques transfronterizos que incluyeron el derribo de aviones, aunque la contingencia pudo ser salvada rápidamente. Mientras los cachemires, en su provincia y el resto de India, fueron perseguidos, sus vidas amenazadas y considerados traidores y terroristas.
En un intento modesto y tardío, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que se comunicó con funcionarios de Islamabad como de Nueva Delhi, para detener la escalada, al tiempo que a cada lado de la frontera los ejércitos se siguen movilizando en espera de lo peor.
Profundizar el odio
La permanente tensión entre las dos principales comunidades religiosas de India, la hindú, con casi mil millones de creyentes, de los mil cuatrocientos millones de ciudadanos del país, y la islámica, de poco más de doscientos millones, que convierte a India en la mayor comunidad musulmana del mundo, después de Indonesia (240 millones) y Pakistán (220 millones), parece no tener solución.
Y en esto se ha basado Modi, desde cuando fue Ministro Principal (gobernador) de la provincia de Gujarat, entre 2002 y 2014, convirtiendo la islamofobia y la exaltación de la Hindutva, la versión más fanática del hinduismo, en sus caballos de batalla. Esto le ha permitido ejecutar políticas como la Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA, por sus siglas en inglés) de 2019, con la que dejó a miles de musulmanes sin ciudadanía, permitiendo que otros credos puedan regularizar su situación. En la misma dirección ha ido la quita de autonomía de Jammu y Cachemira con la derogación del artículo 370.
Si bien, a una semana de los hechos de Pahalgam, ha mantenido cierta cordura, nada bueno es esperable. Los pakistaníes dicen tener información de inteligencia de que India preparaba un ataque inminente, aunque todavía no sucede otra cosa que constantes cruces de disparos en lo que se conoce como la Línea de Control (LOC), una de las zonas más militarizadas del mundo, que se han intensificado desde hace más de una semana. Algo que suele ser habitual.
Aunque los grupos paramilitares de Modi, que suele utilizar Modi, han concentrado sus esfuerzos en perseguir a los cachemires indios, donde sea que se encuentren en su provincia o fuera de ella, comenzando a aplicar el modelo que los sionistas utilizan en Palestina. Además, se ha conocido que ciudadanos cachemires en otras ciudades indias han sufrido episodios de discriminación, como negarles habitaciones en los hoteles, la suspensión de sus matrículas en distintas universidades y una hostilidad creciente por parte de ciudadanos comunes y las policías locales.
Algunos medios progubernamentales comparan los sucesos de Pahalgam con la operación Inundación de Al-Aqsa de Hamas del siete de octubre del 2023, alentando a que el episodio sea resuelto tal como lo hizo Israel, con un genocidio de por medio. Quizás esa comparación sea sutilmente cierta, desde la génesis de ambas matanzas, en que ni la inteligencia judía, ni la inteligencia india, hayan quedado al margen de la idea central.
Ahora, como parte del “modelo sionista”, India está utilizando las demoliciones de viviendas de las familias de cualquier sospechoso, por remota que sea la acusación, detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, violaciones y restricción de movimientos. Incluso Nueva Delhi, desde 2019, ha permitido que ciudadanos no cachemires puedan comprar tierras en esa provincia, intentando recrear los asentamientos sionistas en Palestina y forzar un cambio demográfico, alentando la migración de hindúes.
Esto reafirma la cercanía ideológica entre Modi, quien se convirtió, en 2017, en el primer mandatario indio en visitar un enclave sionista, lo que Netanyahu replicó al año siguiente, para el cierre de importantes acuerdos comerciales y sellar una línea ideológica peligrosamente cercana al nazismo.
Ya se han registrado la detención de más de dos mil musulmanes en áreas cercanas a Pahalgam, de los que nada se sabe de sus destinos e incluso la demolición de algunas de sus viviendas, a pesar de que el Tribunal Supremo de la India, en noviembre pasado, había prohibido estas prácticas.
Mientras tanto, el gobierno pakistaní del primer ministro Shehbaz Sharif se mantiene en tensa espera, sabiendo que la guerra está servida.
*Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asía Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.
2/5/2025
