Por Redacción
La situación en el este de la República Democrática del Congo (RDC) se agravó debido a la ofensiva del grupo armado M23, apoyado por Ruanda. Las consecuencias de la guerra se sienten en todo el país, y la comunidad internacional observa, preocupada, el desenlace del conflicto.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.: “Si no se hace nada, lo peor todavía puede estar por venir para la población de esa zona de la República Democrática del Congo, y también para la que se encuentra más allá de las fronteras”.
Desde el 26 de enero, los enfrentamientos han dejado alrededor de 3000 muertos y más de 2900 heridos. Los combates, que han involucrado el uso de armas pesadas en áreas densamente pobladas, han tenido lugar principalmente en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur. Estas regiones, con vastos recursos minerales, son escenario de un conflicto prolongado entre la M23 y las fuerzas armadas congoleñas. La violencia también afectó gravemente a la infraestructura ya la vida diaria de los habitantes. A pesar de los esfuerzos por encontrar una solución, la situación sigue empeorando.
Türk insistió en la necesidad de un alto al fuego y en que una solución militar solo empeoraría la situación. “El riesgo de escalada en toda la subregión nunca ha sido mayor”, subrayó el Alto Comisionado. En su intervención, destacó que un diálogo es esencial para detener las hostilidades y evitar que el conflicto se extienda más allá de las fronteras del país. Sin embargo, hasta el momento, la voluntad de alcanzar una resolución pacífica sigue siendo incierta, mientras los enfrentamientos continúan sin cesar.
El contexto en las provincias de Kivu es particularmente complejo, con millas de desplazados que huyen de la violencia y la incertidumbre. Los ataques a civiles, periodistas y defensores de derechos humanos, junto con el saqueo de recursos naturales, agravan aún más la situación. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la creación de una misión para investigar las graves violaciones de derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario, en particular los abusos sexuales y los ataques selectivos contra la sociedad civil. Las evidencias de abuso y explotación continúan surgiendo, mientras las fuerzas en el terreno intensifican su control sobre las regiones clave.
El bombardeo de dos hospitales en Goma el 27 de enero dejó numerosos muertos y heridos, incluidos mujeres y niños. Ese mismo día, una fuga masiva de prisioneros en la cárcel de Muzenze resultó en la violación de al menos 165 mujeres, muchas de las cuales murieron en un incendio posterior.
Türk expresó: “Estoy horrorizado por la propagación de la violencia sexual, que ha sido una característica atroz de este conflicto durante mucho tiempo. Es probable que esto empeore en las circunstancias actuales”. La denuncia de los abusos en esta guerra reflejó la magnitud del sufrimiento humano que continúa a medida que la violencia aumenta.
Bintou Keita, representante de la ONU en la RDC, informó que la situación en Goma, actualmente bajo control del M23, es catastrófica. Explicó que “los jóvenes son reclutados por la fuerza y los defensores de derechos humanos, activistas de la sociedad civil y periodistas se han convertido en una población en riesgo”.
Del mismo modo, Keita destacó los riesgos sanitarios, como el resurgimiento del cólera y el aumento de la violencia sexual, que afecta gravemente a los civiles atrapados en el conflicto. La población se enfrenta no solo a la constante amenaza de ataques, sino también a la propagación de enfermedades peligrosas y a la escasez de servicios médicos básicos.
La falta de recursos médicos también es una preocupación importante. “El médico personal se enfrenta a cortes de electricidad y carece de combustible para sus generadores necesarios para el funcionamiento de servicios básicos, incluidas las morgues”, señaló la funcionaria. La comunidad internacional sigue presionando para que la asistencia humanitaria llegue a los afectados, pero las condiciones del terreno dificultan aún más la respuesta a esta crisis.
El gobierno congoleño, por su parte, acusó a Ruanda de continuar apoyando al M23 y de alimentar la violencia en el este del país. Patrick Muyaya Katembwe, ministro de Comunicaciones de la RDC, destacó que el apoyo militar y logístico de Ruanda ha prolongado el conflicto. “El apoyo de Ruanda al M23 ha alimentado la violencia en el este del país durante más de 30 años”, sostuvo. Las acusaciones mutuas entre ambos países empeoran las tensiones y dificultan cualquier intento de mediación internacional.
Ruanda, en respuesta, rechazó las acusaciones. James Ngango, embajador de Ruanda ante la ONU, aseguró que el país se encuentra bajo la amenaza de un ataque a gran escala. Según Ngango, la “coalición apoyada por Kinshasa” acumuló armas cerca de la frontera de Ruanda, lo que ha generado una situación de tensión y riesgo de confrontación directa. Las acusaciones de un posible ataque abren un nuevo frente de incertidumbre en la región, mientras las fuerzas internacionales observan con creciente alarma los desarrollos en el terreno.
La situación es crítica. Miles de personas continúan atrapadas en medio de un conflicto sin tregua, mientras la comunidad internacional enfrenta el desafío de encontrar una solución efectiva para poner fin a esta crisis humanitaria. Las violaciones de derechos humanos, la violencia constante y la incertidumbre sobre el futuro inmediato siguen marcando la vida de los habitantes del este de la RDC.
7/2/2025
