*Por Grupo Ofensiva Nacional Democrática
Las perversas estrategias del Gobierno, de cara al desafío electoral de 2025, descansan en tres “anclas” principales: el tipo de cambio, las tarifas de los servicios públicos y las negociaciones colectivas.
El “ancla salarial” involucra de manera directa el poder adquisitivo de los trabajadores y distorsiona la dinámica de las relaciones laborales; viola la libertad de negociación, es decir, la libertad sindical.
Desde el inicio del año, la injerencia indebida gubernamental en las paritarias ha sido explícita: el gobierno, luego de los desequilibrios que generara en la economía, ahora busca que los acuerdos no superen la inflación proyectada. Para ello, promueve incrementos escalonados —por debajo del 2% mensual—.
En realidad, lo anterior ha sido y sigue siendo parte de una falacia, para atribuir a los trabajadores y sus organizaciones la culpa de la inflación.
Los sindicatos persisten en tratar de recomponer el poder de compra perdido durante 2024, cuando, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la masa salarial se contrajo con mayor fuerza que las ganancias empresariales, lo que implicó una pérdida de participación relativa de los trabajadores en el valor agregado.
La masa salarial se incrementó un 114,1% nominal entre finales de 2023 y el tercer trimestre de 2024, pero la inflación superó el 130%. Así, se erosionaron esos aumentos de manera determinante: la caída en términos reales fue del 8,1%.
El deterioro, desde la perspectiva laboral, se agrava cuando se advierte que los trabajadores asalariados representan alrededor del 73% de la población ocupada, mientras que los empleadores apenas superan el 3%.
En un contexto de contracción del Producto Bruto Interno (PBI) y de recesión en varios sectores clave (construcción, industria manufacturera y comercio), la tensión es evidente. Para el gobierno nacional, el supuesto éxito político-electoral en 2025 pasaría también por exhibir un índice de inflación que, al menos por unos meses, se ubique por debajo del 2%.
Este objetivo se sobrecarga con la limitación de los incrementos salariales y, por ende, en que los trabajadores resignen poder adquisitivo. Además, se da en un mercado laboral en que el oficialismo potencia la precarización.
En línea con lo anterior, el empleo total no aumentó, y el segmento asalariado formal (registrado) sufrió una caída del 2% interanual; pero el empleo no asalariado (trabajadores por cuenta propia y monotributistas) y el asalariado informal ya anotaron ligeros incrementos.
Para las relaciones laborales, este fenómeno implica:
- menor calidad de los nuevos puestos,
- dificultad para la acción colectiva,
- reducción de la capacidad de los sindicatos de incidir en la configuración de los acuerdos.
Esta es la estrategia tramposa del gobierno para simular contener la presión inflacionaria: pone el foco en los trabajadores y los sindicatos para luego echarles la culpa por los desequilibrios que él generó con las variables económicas y financieras.
Por otra parte, el llamado “ancla salarial” también contribuye al debilitamiento de la negociación colectiva y neutraliza las potencialidades más amplias y profundas que esta institución del derecho del trabajo puede brindar. Ello, en términos de crecimiento y distribución armonizados. En la práctica, esta estrategia solo refuerza la caída de la participación de los asalariados en el reparto de la riqueza que también contribuyen a generar.
De persistir el retraso del salario real, se amplificaría la brecha entre la evolución de los ingresos empresariales y los de la clase trabajadora. Esta última es la gran perjudicada. Se trata de una estrategia que no solo responde a mezquindades, ante la proximidad de las elecciones, sino también encierra un ataque a la dinámica y autonomía colectiva que debe imperar en la negociación colectiva.
Esta injerencia estatal, visible en expresiones en cuanto a que no se convalidarían porcentajes que superen las metas inflacionarias, cristaliza, una vez más, la abusiva y permanente subordinación —por parte del régimen conservador-liberal-libertario— de los derechos laborales, individuales y colectivos, a los intereses en torno a la macroeconomía.
Resulta claro que en 2025 el gobierno seguirá recurriendo a este ancla, en paralelo con la intervención en los mercados cambiarios, para sostener un crawling peg de solo el 1% mensual.
Cabe reflexionar sobre la viabilidad y los costos humanos que traerá aparejada esta hoja de ruta. Multiplicado por la creciente precariedad de las formas de empleo, devendría en un deterioro más profundo de las condiciones socioeconómicas-laborales.
El debate abarca aspectos estructurales de la distribución del ingreso, el debilitamiento de la negociación colectiva, la ampliación de sectores precarizados y la definición de los límites a las injerencias indebidas del Estado, en general, y en especial, en el proceso paritario. No caigamos en la estrategia tramposa de este gobierno para castigar a los trabajadores y sus organizaciones por los problemas que ellos generaron y siguen generando en la economía.
*Grupos compuesto por diversos referentes del ámbito laboral nacional.
31/1/2025
